Opinión

Campaña anticlerical

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Cambiar lo que la historia ha sedimentado como patrimonio común es siempre una operación atrevida que nos sitúa en esa disciplina seudocientífica que es la de utilizar el pasado según convenga a los fabricantes de ideología. Esa mercancía suele causar furor cuando la empaqueta el laicismo más militante. La campaña puesta en marcha por la llamada Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba quiere hacer valer el innegable y rico pasado musulmán de aquella próspera ciudad de los califas omeyas, de la que su Mezquita –que se levantó sobre la basílica visigótica de San Vicente Mártir– ha sido su mejor símbolo, para reivindicar ahora su uso religioso musulmán. No tener en cuenta que han pasado casi ocho siglos desde que aquel templo fue reconvertido en catedral católica es sin duda una operación a la que hay que inyectar mucha ideología y fuertes dosis del anticlericalismo, que todavía le gusta movilizar a la izquierda española menos modernizada. Esta campaña ha llamado la atención de algunos medios de comunicación extranjeros, de manera muy especial de la cadena Al Jazeera, que hizo guiños a la continuidad y permanencia de aquel pasado y llegó a hablar de que «la Catedral de Córdoba fue una vez una mezquita pero la Iglesia católica quiere la propiedad exclusiva». Los promotores de esta operación no han negado su intención de «internacionalizarla» y llamar la atención sobre un supuesto incumplimiento de la Ley por parte del Cabildo catedralicio. Su objetivo ahora es presionar al Parlamento de Andalucía para que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional para invalidar la legislación que permitió que, el 22 de febrero de 2006, la Diócesis de Córdoba inmatriculase en el Registro de la Propiedad la finca urbana de la Catedral de Córdoba a favor de la Iglesia católica, otorgándose así el mismo derecho del Estado. Dicho registro se realizó siguiendo los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria. Si su intención es agarrarse al viejo litigio de que el citado artículo 206 es inconstitucional, en una sentencia de 1999 el TC nada dice sobre ello, como el prestigioso jurista Manuel Clavero Arévanlo ha señalado. Pero el tema no es jurídico, sino un paso más dentro de una campaña. El buen sentido invita a pensar que los representantes políticos no atenderán dichas presiones, entre otras cuestiones, por pura coherencia, ya que en 2006 Izquierda Unida gobernaba en Códoba y el PSOE en la Junta, y aceptaron los dos aquel reconocimiento de propiedad como legítimo. Sobra decir que la estabilidad política de Andalucía no pasa por su mejor momento para enredarse en un tema que sólo afectaría a la convivencia y alteraría la vida de una sociedad enraizada en el catolicismo y respetuosa con su pasado. El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, habla hoy en este periódico de la inexperiencia del liderazgo andaluz. Esperemos que este caso no deje su huella.