«Caso Gürtel»: la hora de que por fin hablen los jueces

La complejidad del «caso Gürtel», cuya vista comenzó ayer en la sala especial de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), se refleja tanto en el largo y accidentado proceso de instrucción –que le costó la carrera judicial al magistrado Baltasar Garzón, por haber ordenado intervenir ilegalmente las conversaciones entre los abogados defensores y los acusados– como en la previsión hecha por el tribunal juzgador de que las sesiones se extenderán hasta los primeros meses de 2017. Por lo tanto, cuando se pronuncie la sentencia habrán transcurrido más de doce años desde que se produjeron los últimos hechos investigados, con lo que no sólo se juzga a los imputados, sino a una época de la historia reciente de España que, afortunadamente, ya está superada. Nos referimos, claro está, a los años de la burbuja inmobiliaria y el despilfarro económico, en los que el dinero parecía crecer en los árboles y muchas administraciones locales nadaban en la abundancia del «boom» urbanístico. A su calor, surgieron todo tipo de conseguidores sin escrúpulos, sin otro objetivo que hacerse con contratos de servicios públicos, muchos de ellos de más que dudosa utilidad para los ciudadanos. Es la época de los planes faraónicos, de las fiestas patronales a todo lujo y de la lluvia de subvenciones públicas a todo tipo de proyectos, algunos inverosímiles. No en todos los casos puede hablarse de corrupción, sino, más propiamente, de despilfarro inútil del dinero de los contribuyentes; pero, en otros, como los que ahora juzga la Audiencia Nacional, quienes tenían que velar por los intereses de todos decidieron que había llegado el momento de hacerse ricos, de tomar una parte del inmenso pastel que tenían que repartir. Las conversaciones grabadas a los acusados son reveladoras del ambiente de venalidad y del desprecio a la responsabilidad contraída con los ciudadanos. Los jueces determinarán las culpas y el grado de implicación de cada acusado, empezando por el primero de ellos, Francisco Correa, el cerebro de la trama, que, tras su obstinado silencio –pese a que pasó casi cuatro años en prisión preventiva–, parece haber cambiado de actitud y ha comenzado a reconocer el daño causado. Sin duda, lo que intenta es negociar una rebaja a los 125 años de cárcel que le pide la Fiscalía, pero no es algo inusual en estos casos y, además, está en su derecho. Otros procesados han optado por defender su inocencia. El «caso Gürtel», sin embargo, ya ha sido juzgado por una opinión pública a la que la dureza de la crisis económica hizo ver en toda su gravedad el daño social que provocaba la corrupción. También, por supuesto, ha sido juzgado políticamente el Partido Popular, la principal formación, aunque no la única, salpicada por la trama «Gürtel», que ya ha pagado el coste electoral correspondiente. Es cierto que la oposición socialista –que ejerce una de las acusaciones populares– intenta mantener la presión judicial sobre el adversario, con una improbable citación como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Se trata de la habitual política de desgaste electoralista que tanto perjuicio ha causado a la lucha contra la corrupción. El uso partidista de una lacra de la que nadie está libre sólo crea desconfianza entre los ciudadanos y distorsiona su percepción ante la labor de los políticos que, en su mayoría, se desempeñan con honradez. Pero lo que importa es que, por fin, al «caso Gürtel» le ha llegado la hora de los jueces.