El desafío independentista
Cataluña quiere un Gobierno ya
La mayoría de los catalanes quiere salir del actual bloqueo institucional mediante la formación de un Gobierno de la Generalitat y rechaza la repetición de las elecciones autonómicas. Al menos, así se desprende del sondeo sobre la situación política en Cataluña que ha elaborado «NC Report» para LA RAZÓN, en el que se advierte la preocupación de los encuestados por el deterioro de la situación económica en el Principado –el 58,5 por ciento de los preguntados cree que la región está económicamente peor que antes de la declaración unilateral de independencia–, así como un desapego cada vez más mayoritario hacia quienes propiciaron el frustrado golpe separatista, hasta el punto de que un 53,3 por ciento de los ciudadanos de Cataluña consideran que Carles Puigdemont, hoy fugado, no está legitimado para ser presidente de la Generalitat; un 67,7 por ciento opina que debería regresar a España y, obviamente, presentarse a la Justicia, y un 45,4 por ciento aprueba que los líderes del «procés» estén en la cárcel. Por último, pero no menos importante, siguen creciendo los partidarios de la Constitución, con un 53,3 por ciento que rechaza la independencia, frente a un 41,8 por ciento que se declara a favor.
Los constitucionalistas ganan ampliamente en todos los segmentos de edad, menos en la franja de 18 a 29 años, lo que nos advierte de la necesidad de que las instituciones del Estado aborden programas pedagógicos específicos para esa parte de la población que ha resultado más permeable a la indigna propaganda separatista. Como era de esperar, un primer análisis de los resultados de la encuesta nos dice que hay una gran mayoría social en Cataluña que considera que ha llegado el momento de pasar página del «procés» y que reclama la vuelta a la normalidad. No tanto por los presuntos perjuicios de la aplicación del artículo 155, que recoge en la encuesta prácticamente el mismo porcentaje de aprobación que de rechazo, como por la convicción de que Cataluña necesita un Ejecutivo dentro de la Ley, que pueda ocuparse, sin hipotecas de ningún tipo, de gestionar los problemas acumulados en una Comunidad que lleva más de un lustro perdido en el enfrentamiento y la frustración del desafío independentista. Es más, a falta de un mes para que se cumpla el plazo legal para la formación de Gobierno, la mayoría de los catalanes no ven obstáculos insalvables para que los partidos nacionalistas, que son los que pueden garantizar una Generalitat estable, se pongan de acuerdo, incluso para un gobierno de concentración. Toca, pues, al presidente del Parlament, Roger Torrent, dar los pasos necesarios para romper un bloqueo político que, según el 81,3 por ciento de los catalanes, perjudica gravemente a Cataluña, y que sólo beneficia al fugado Puigdemont en el corto plazo.
La opción de repetir las elecciones, ni es deseada por los ciudadanos, ni es deseable, puesto que no haría más que prolongar el «impasse», sin llegar a cambiar ninguna de las actuales premisas. Especialmente, en lo que se refiere a la situación judicial de los impulsores del golpe independentista, que, en el mejor de los casos, serán inhabilitados por la Justicia para ejercer cualquier cargo de representación. Tratar de ganar tiempo, por lo tanto, no conduce a nada. Es más, la vuelta a la normalidad institucional en Cataluña, con un Ejecutivo que actúe dentro de la Constitución y el Estatuto y recupere la normalidad de las relaciones con el Gobierno de la nación beneficia a todos y es lo que desean los ciudadanos, que no creen que las disputas internas de las formaciones nacionalistas deban prevalecer sobre la estabilidad y el interés general, por más que comprendamos las dificultades propias de quienes están obligados a buscar nuevos liderazgos.
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