Clamor por la vida

El viernes el diputado popular José Eugenio Azpiroz había mostrado su deseo de que la manifestación por la vida de Madrid fuera multitudinaria y de que «ese clamor fuera recibido y escuchado» por su partido. Él mismo, junto a un grupo de parlamentarios del PP, pudo comprobar «in situ» ayer que su esperanza se cumplió con creces en cuanto a la adhesión y el compromiso ciudadanos con la vida y en contra de la legislación vigente que consagra el aborto como un derecho. Cientos de miles de personas respondieron al llamamiento de los organizadores y tomaron las calles del centro de la capital bajo el lema «Cada vida importa». Se trató de la primera protesta después de que el Gobierno decidiera retirar la ley Gallardón que derogaba la norma de plazos socialista. No puede haber debate alguno sobre el éxito abrumador de la convocatoria y, por consiguiente, sobre la posición de una mayoría social que defiende el derecho a la vida como bien supremo y que no comparte la actitud de un Ejecutivo con el que se identifica como su base social. Por lo visto y oído en las calles de la capital, el Gobierno tiene un problema serio con una parte sustancial de su electorado que se siente defraudado. El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, transmitió esa desazón en su intervención. Subrayó que «tan culpable de una ley injusta es quien la aprueba como quien, pudiendo, no la deroga». Dijo Blanco, y dijo bien, que la sociedad no puede acostumbrarse al drama del aborto porque una democracia sana «no puede convivir con una ley permisiva» que banalice la interrupción voluntaria del embarazo. No podemos estar más de acuerdo. Hablamos de una quiebra de valores básicos que nos conduciría sin remisión al fracaso colectivo. No se discute sobre un proyecto más, o cualquier iniciativa administrativa, ni siquiera sobre una disputa política, sino sobre vidas. Recordar ahora que se han producido 28 millones de abortos en Europa en los últimos 20 años es referirnos a una debacle humanitaria que nos debería escandalizar como civilización. Como también que uno de cada cinco embarazos no llegue a término en el Viejo Continente, mientras nos encontramos con una región envejecida y exhausta o con un país, como España, en el que habrá más defunciones que nacimientos el próximo año. Por tanto, debemos tomar conciencia de a qué nos enfrentamos. El Gobierno tiene tiempo y respaldo parlamentario para reparar el error y promover una ley que proteja la vida y una política decidida de apoyo a la familia. Necesitamos dar pasos hacia delante respecto a un marco legal como el vigente que condena a un drama y a un dolor descomunales a decenas de miles de mujeres y aboca a una sociedad a una derrota moral sin paliativos. Ojalá, por tanto, se haya escuchado el estruendo por la vida que retumbó en Madrid y se haya entendido que es una causa justa.