Compromiso de Rajoy con Cataluña

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Hay pocas imágenes más falaces que la que intentan transmitir los separatistas catalanes de una Cataluña desasistida del Estado y explotada por el resto de los españoles. Este discurso victimista, que no es, sin embargo, exclusivo del Principado, no resiste el menor análisis, comenzando por las cifras del Fondo de Liquidez Autonómica: desde 2012, el Ministerio de Hacienda ha inyectado a las arcas de la Generalitat más de 66.500 millones de euros para que pudiera afrontar sus compromisos de pago. Es, por supuesto, la comunidad autónoma que más dinero ha recibido, sin que esto suponga privilegio alguno con respecto a las demás regiones, y, entre otras cosas, ha servido para aminorar la espiral de endeudamiento de Cataluña, que ya supone el 35 por ciento de su PIB. Frente a esta realidad contable, el Gobierno de la Generalitat sigue dilapidando sus recursos y, lo que es peor, los esfuerzos de la sociedad en ese viaje a ninguna parte que es el proceso independentista. No es sólo la pérdida de las sinergias de una franca y leal colaboración con el resto del país, sino el puro despilfarro, rayano en la malversación de fondos públicos, que supone financiar actuaciones y organizaciones que pretenden romper el Estado al que ellos mismos representan. En este sentido, la denuncia del secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Istúriz, de que numerosos funcionarios y eurodiputados –entre los que se encuentra él mismo– están recibiendo invitaciones para viajar a Barcelona con todos los gastos pagados y ser «instruidos» sobre el proceso separatista nos hace preguntarnos desfavorablemente por la labor de la Fiscalía General del Estado ante el uso indebido de los impuestos que pagan todos los españoles. Si bien es sólo un botón de muestra de cómo el Gobierno catalán lleva las cuentas, mientras se deterioran los servicios básicos de los ciudadanos, explica muy bien la pérdida del sentido de la realidad que afecta a los independentistas, incapaces de captar en toda su extensión la glacial indiferencia con se les recibe en la Unión Europea. Lo dicho puede aplicarse en la misma medida al viaje que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha hecho a Estados Unidos para dar unas conferencias en una institución asociada a la universidad de Harvard –pagadas y organizadas por el departamento de propaganda del Ejecutivo catalán–, con el agravante de que su viaje coincide con la presencia en Barcelona del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que hoy preside una jornada del Ministerio de Fomento dedicada a las infraestructuras, con la asistencia de las principales organizaciones empresariales catalanas, en la que se planteará el nuevo programa de inversiones del Estado en Cataluña. Aunque la reacción de los distintos portavoces del independentismo ha sido todo lo desabrida y reticente que cabía esperar –es significativa la ausencia anunciada del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en un acto de desprecio palmario a la sociedad civil– , el Gobierno está en su perfecto derecho a la hora de transmitir a los ciudadanos catalanes los esfuerzos presupuestarios y el alcance de las inversiones que realiza el Ejecutivo en su comunidad, más intensos una vez que se ha superado lo peor de la crisis económica y España ha retomado la senda del crecimiento. A este respecto, la Generalitat debería aceptar su parte de responsabilidad en la mejora de las infraestructuras, en lugar de dilapidar el dinero de los impuestos en cuestiones ajenas al interés general, por más que los antisistema de la CUP insistan en su chantaje.