Compromiso hipotecario

El Congreso convalidó ayer el decreto sobre desahucios con los votos a favor del PP y UPyD y el rechazo de la izquierda y los nacionalistas. El Gobierno ha calculado que hasta 120.000 familias se podrán acoger a la moratoria de dos años en las ejecuciones hipotecarias y que más de 600.000 se podrán beneficiar de los alquileres sociales, cuyos precios oscilarán entre los 150 y 400 euros y que en ningún caso podrán superar un tercio de los ingresos de los arrendatarios. Estamos ante una medida de choque en respuesta a una realidad de colectivos especialmente vulnerables por causas sobrevenidas derivadas de la crisis y del desempleo. La emergencia puntual requería una actuación paliativa y urgente de la Administración, pero sin las sobreactuación ni la demagogia esgrimidas por los grupos de izquierda. El Gobierno ha logrado una posición de equilibrio imprescindible, pero nada sencilla, y es obligado reconocerlo. Hay que tener presente que cualquier actuación debe conciliar los derechos de todos los colectivos implicados y no poner en cuestión ni fragilizar siquiera la seguridad jurídica inherente al ámbito hipotecario. El presidente del Gobierno ya adelantó, con buen criterio, que los cambios legislativos no podían interferir en el funcionamiento del mercado, por lo que no se debía improvisar ni acelerarse en la toma de decisiones en un sector clave para la economía. En este punto conviene valorar en sus justos términos el número y el tipo de las ejecuciones hipotecarias en nuestro país para evaluar de forma realista su alcance e impacto social. Más allá de estadísticas equívocas, que algunos han empleado de forma un tanto interesada, hoy sabemos que el 83% de los desahucios no afecta a la primera vivienda y que la mayoría están vacías cuando se procede a la ejecución del desalojo. Por tanto, las abrumadoras cifras manejadas por algunas instituciones se refieren fundamentalmente a locales, naves industriales y segunda vivienda. El desahucio es siempre la última opción y existe un importante volumen de refinanciación de créditos, además de una tasa de mora situada en el reducido 3% actual. Con ese grado de incidencia, el Gobierno se habría equivocado dramáticamente si hubiera atendido las posiciones socialistas que exigían intervenciones abruptas sobre la legislación hipotecaria sin atender ni valorar los daños colaterales. La urgencia no pasaba por allí, sino por ofrecer salidas a panoramas familiares límite que no podían esperar ni depender de los tacticismos de una izquierda que, con su negativa al decreto, ha protagonizado un gesto equivocado que toca cambiar. Es responsabilidad de Pérez Rubalcaba que los socialistas colaboren de forma constructiva con aportaciones posibles en la tramitación de la iniciativa como proyecto de ley.