Compromiso social obligado

La reunión que hoy mantendrá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los representantes de las dos centrales sindicales mayoritarias, Cándido Méndez, de UGT, e Ignacio Fernández Toxo, de CC OO, y los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, respectivamente, significa el final de un largo proceso de negociación que comenzó a finales del pasado mes de julio con el objetivo de acordar nuevas medidas de protección social para las personas más afectadas por el drama del desempleo. Más allá de las posiciones en discausión, mucho más cercanas de lo que dejan entrever las declaraciones de las partes, hay que destacar el espíritu de acuerdo con el que se ha abordado un proceso complejo, cuyos condicionantes no pueden reducirse exclusivamente a la disponibilidad presupuestaria, sino que implican consideraciones de carácter funcional e, incluso, estratégico. No admite muchas discusiones el hecho de que la larga duración de la crisis ha tenido para España consecuencias devastadoras en el tejido productivo y el empleo. Tampoco, aunque en este punto no exista el acuerdo, que la profunda recesión internacional incidió en un mercado de trabajo excesivamente rígido y, por lo tanto, incapaz de adaptarse con eficacia a las condiciones adversas. Si algo caracterizaba a la economía española era su propensión a la destrucción de empleo con cada cambio de ciclo, propiciada por un modelo de relaciones laborales que no dejaba más salida que el cierre o el despido. Si bien la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno popular –en una de sus primeras y más criticadas decisiones– ha permitido corregir disfunciones, incrementar la competitividad de nuestras empresas y frenar la destrucción de puestos de trabajo, el proceso de recuperación del empleo se está alargando más de lo deseado y, lo que es más preocupante, está afectando especialmente al sector de trabajadores sin cualificación, que fueron atraídos por los elevados sueldos de la construcción, y a muchos jóvenes sorprendidos por la crisis en el comienzo de su vida laboral. Un país comprometido con el bienestar de sus ciudadanos, como España, no puede dejar sin asistencia a esos desempleados de larga duración y, en este sentido, no cabe más que aplaudir un acuerdo que palíe en lo posible, con una prestación de caracter social, los efectos del paro de larga duración. Más aún si la recuperación económica permite una mayor disposición presupuestaria. Pero nos equivocaríamos todos –sindicatos, patronal y Gobierno– si estas ayudas no se complementaran con medidas que faciliten la incorporación al mercado laboral de los colectivos desfavorecidos. Empezando por el modelo de formación, cuyos multimillonarios fondos no parecen haber rendido los réditos que se esperaban.