Con todas las consecuencias

El anuncio de los responsables del FROB (el fondo de rescate español) de que ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción 23 operaciones financieras irregulares –16 de Catalunya Banc y 7 de Novacaixagalicia– para su investigación no hace más que confirmar lo que ya había advertido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando saltó a la opinión pública el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid: que a instancias del Ejecutivo se ha puesto en marcha una serie de exhaustivas auditorías de las entidades de crédito nacionalizadas que, de momento, alcanzan el medio centenar de expedientes y que, sin duda, permitirán explicar cómo fue posible la quiebra de unas instituciones públicas que tenían una clara vocación social y qué responsabilidades han contraído sus administradores y consejeros. No se trata, sin embargo, de buscar sólo el castigo de los culpables, por más que buena parte de la sociedad española, indignada, exija una respuesta ejemplarizante por parte de la Justicia, sino de procurar la restitución en lo posible del dinero público defraudado o deslealmente gestionado para aminorar el coste que ha supuesto a los contribuyentes el rescate bancario. Ciertamente, será una mínima parte de los 41.000 millones de euros que ha habido que destinar al saneamiento del sistema, pero a nadie escapa la carga simbólica de una acción de este tipo y lo que supone de expresión de voluntad de impedir que se repitan comportamientos que no admiten otro calificativo que el de despreciables. Se puede aducir que se debía haber actuado mucho antes, con el arbitrio de unos medios de control y vigilancia que han brillado por su ausencia, pero lo cierto es que no merece la pena llorar sobre la leche derramada y que hay que elogiar al Gobierno por la decisión de llevar la política de transparencia hasta sus últimas consecuencias, aunque en el camino queden tocados nombres de amplia y prestigiada trayectoria política en los distintos gobiernos que ha tenido España desde la Transición. Por supuesto, no sería legítimo abrir una «caza de brujas» destinada a contentar la indignación de quienes han sufrido una de las crisis económicas más duras de las últimas décadas y, en este sentido, debe ser la Justicia, como han venido reiterando tanto Mariano Rajoy como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien tenga la última palabra. Porque es importante para el conocimiento de la verdad que se deslinde claramente dónde hubo delitos de administración desleal o apropiación indebida, y dónde se produjeron errores de gestión que la evolución del mercado financiero mundial hizo muy difíciles de evitar. Desde esa clarificación, el peso de la Ley debe caer sin distingos de nombres o filiaciones políticas.