Conciliar dos derechos

Los graves incidentes ocurridos en Madrid durante el reciente paro de los trabajadores de limpieza viaria y jardinería, con actuaciones piqueteras evidentemente coactivas y orientadas a impedir el normal funcionamiento de los servicios mínimos, han puesto de nuevo sobre el tapete la necesidad de arbitrar claramente el derecho de huelga, reconocido en nuestra Constitución en el artículo 28.2, pero cuya regulación se basa en un decreto de 1977, es decir, preconstitucional, que muchos consideran ya obsoleto, pero que se encuentra en línea con la legislación internacional comparada y ya ha sido objeto de interpretación por parte del Tribunal Constitucional. La cuestión, pues, no es tanto la necesidad de legislar ex novo sobre el derecho de huelga, como de garantizar que su ejercicio no conculque o atropelle otros derechos fundamentales que amparan a los ciudadanos. Ayer, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entrevistado en RNE, anunció que había encargado al Ministerio de Trabajo la redacción de un proyecto de ley sobre la regulación de los servicios mínimos, lo que ha sido recibido con notable hostilidad por parte de la izquierda y las organizaciones sindicales a ella vinculadas, que se han apresurado a hacer uno de sus habituales juicios de intenciones, aún antes de que se haya plasmado en el borrador la primera línea. Sin embargo, con un mínimo de reflexión por su parte, llegarían a la misma conclusión que el Gobierno: que se impone establecer con claridad las reglas del juego, sin que tengan que ser necesariamente los tribunales de Justicia quienes arbitren en una materia que compete fundamentalmente a las administraciones públicas y a los trabajadores, y que en muchas ocasiones acaban dictaminando a destiempo, cuando el conflicto ya no tiene razón de ser. Además, tampoco tiene sentido la queja preventiva de que se trata de recortar los derechos laborales, a menos que los sindicatos y los partidos de izquierda consideren un «derecho» las coacciones, agresiones y destrucción de bienes privados y públicos por parte de los llamados piquetes informativos, acciones con las que, en realidad, se fuerza la voluntad de los trabajadores que no quieren secundar la huelga o que deben desempeñar servicios mínimos. Se trata de conciliar, sobre bases regladas, el derecho de huelga con el derecho a la seguridad y al trabajo, poniendo coto a los excesos. Es de suponer que, como viene siendo habitual en toda la legislatura, el PSOE decida alinearse con los radicales en lugar de negociar con el Gobierno una legislación que, tras las últimas experiencias, se antoja muy necesaria. Por lo menos, en este asunto el Partido Popular no estará solo, puesto que otras formaciones del arco parlamentario, como CiU, PNV y UPyD venían reclamando la necesidad de abordar esa ley.