Contra la corrupción

La desafección ciudadana con la clase política es un fenómeno creciente en la sociedad que tiene en la corrupción una de sus causas principales. Los escándalos y los trapicheos en la gestión de lo público ocupan el segundo lugar en la relación de las preocupaciones de los españoles. El dato es concluyente y define una brecha peligrosa entre representantes y representados. Cuando la gente tiene la percepción de que el oscurantismo y el fraude son moneda de curso legal en las administraciones y las entidades públicas, como refleja de forma casi crónica la secuencia demoscópica, es que el país tiene un problema de corrupción al que hay que dar respuesta. LA RAZÓN adelanta que el informe sobre el plan anticorrupción del Gobierno, que anunció Mariano Rajoy en el último Debate sobre el Estado de la Nación, estará hoy sobre la mesa del Consejo de Ministros. El nuevo paquete de normas afectará a seis leyes y contempla medidas para mejorar el control y la transparencia en la gestión de lo público, incluidos los partidos políticos; el endurecimiento de las penas asociadas a delitos relacionados con la corrupción –se elevarán de media un grado, con lo que aumentarán las condenas y también el plazo de prescripción–; se incluirán nuevas figuras penales como la financiación ilegal, el fin de las subvenciones opacas a los grupos políticos; la regulación de la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos y su comparecencia en el Congreso y la prohibición de contratar con el sector público a las personas físicas o jurídicas condenadas por corruptas, entre otras muchas. Resulta especialmente significativo y relevante que el Ejecutivo pretenda que el delito de cohecho se pueda probar con mayor facilidad. Es una batería legal ambiciosa y necesaria para trasladar a la opinión pública un compromiso de ejemplaridad imprescindible. El Gobierno pretende negociar el proyecto con los grupos durante la tramitación parlamentaria. Es lo adecuado, porque lo ideal, casi lo necesario, sería una respuesta firme y consensuada. No se entendería que la oposición desatendiera esa voluntad de pacto e intentara embarrar un debate clave como hizo hace unos días al rechazar la Ley de Transparencia, que es un avance sustancial contra la opacidad pública y por la responsabilidad del gestor. Que el PSOE se enrocara en una política de bloqueo sería un error, sobre todo porque no hablamos de comportamientos circunscritos a una sola formación. La corrupción es una anomalía transversal y por ello los partidos están obligados a enviar un nítido mensaje en defensa de la administración honrada y rigurosa de los bienes públicos, sin impunidad para nadie. La democracia se juega mucho en este pulso y sería bueno que los políticos fueran conscientes de ello.