Corregir el gasto autonómico

Los trabajos de la comisión que estudia los grandes ejes de la reforma de la Administración Pública, una de las apuestas más ambiciosas del programa de gobierno de Mariano Rajoy, están prácticamente concluidos. A finales de este mes de junio se presentará el informe con las recomendaciones de los expertos para abordar la reducción y racionalización de unas instituciones sobredimensionadas, en las que hay redundancia de funciones y cuya naturaleza y origen de los gastos apenas comienzan a saberse, gracias a la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Así, por citar el ejemplo más evidente, de los 2.917.200 empleados públicos registrados en 2012, sólo el 22 por ciento –592.531– prestaba sus servicios en la Administración General del Estado, mientras que más del 50 por ciento –1.347.835– trabajaban para las autonomías, con el problema añadido de que cada administración autonómica se rige, en materia de contrataciones, catálogo de puestos de trabajo y tablas salariales, por sus propias reglas y criterios. Lo mismo reza para los ayuntamientos. Las consecuencias no se han hecho esperar. La crisis, con la brutal caída de ingresos fiscales y la consiguiente insolvencia crediticia, hizo que se cubrieran los gastos generales y de personal a base de retrasar los pagos a los proveedores, con lo que se condenó a muchas pequeñas y medianas empresas a la ruina, aumentando el paro y, sin solución de continuidad, disminuyendo aún más el capítulo de los ingresos. En 2011, las facturas adeudadas por las administraciones públicas, muchas con fecha de vencimiento de varios años atrás, sumaban, sólo en los ámbitos autonómico y local, más de 28.000 millones de euros y afectaban directamente a 149.000 empresas de todos los tamaños. La inmediata reacción del Gobierno de Rajoy, con sus planes de pago a proveedores, sin bien alivió la carga de las empresas en un primer momento, no han servido para erradicar actitudes fuertemente arraigadas en las autonomías y en los ayuntamientos, como prueba el que en el primer trimestre de 2013 debían 5.000 millones de euros a autónomos y a pequeñas empresas, con retrasos en los pagos de hasta cinco meses. Es preciso, por lo tanto, que la reforma administrativa aborde de una vez el problema de la racionalización del gasto autonómico. LA RAZÓN adelanta hoy parte del proyecto reformador, que incluye la armonización del catálogo de puestos de trabajo y emolumentos de los funcionarios y altos cargos autonómicos. Es una medida fundamental que, sin duda, provocará airadas reacciones en algunos gobiernos autonómicos y críticas generales en todos. Pero no hay más opción que sacarla adelante; de lo contrario, la reforma corre el riesgo de quedarse en simple declaración de intenciones.