Deberes para una minoría precaria

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Con normalidad institucional, los 17 ministros del Gobierno de Pedro Sánchez asumieron ayer sus respectivas carteras. El gabinete disfrutará de un breve plazo de relativa comodidad con una brisa a favor derivada de una composición equilibrada, con un signo técnico, y nutrido por personalidades con acreditada experiencia y conocimiento en sus ámbitos de responsabilidad. Es un equipo que se beneficiará en su arranque de una dimensión mediática reconocible, así como de un perfil identitario con mujeres con bagaje y prestigio. La política, sin embargo, y más en estos tiempos de zozobra, concede treguas mínimas y márgenes escasos para trabajar sin apreturas ni reválidas diarias. La estabilidad en un Parlamento atomizado es un bien escaso. El PSOE lo sabe bien, porque se benefició de ello, pero ahora tendrá que bregar en la orilla contraria. El Gobierno con apenas un día de vida conoció que las mieles del escaparate mediático no durarán, porque de repente pasó de una mayoría de 180 apoyos a la moción de censura a los exiguos 84 diputados socialistas que soportarán un trabajo parlamentario con pocas victorias en el horizonte. Pablo Iglesias, que se situó ayer en una oposición beligerante, fue claro en lo que le aguarda a Pedro Sánchez: «Un calvario». Es muy posible que en los planes del presidente se contemplara desde hace semanas el periplo que le ha traído hasta aquí y el bloqueo político que se atisba con socios entusiastas en el rencor a Rajoy, pero resistentes o directamente contrarios a trabajar por España y los españoles. Se abre una etapa hipotecada por el pecado original de una celada parlamentaria entre 22 siglas derrotadas en las elecciones, pero unidas por una oportunidad. Sin embargo, el Ejecutivo socialista tiene por delante serios deberes que afrontar y no caben excusas. Puede que se piense en convertir la agenda oficial de los ministros en un dietario de campaña electoral para recuperar el terreno perdido por el PSOE, pero la oposición y la opinión pública tendrán como obligación exigir que dé respuesta a los compromisos y a los desafíos, que son graves. Pedro Sánchez y su equipo están obligados a cumplir con Europa y eso pasará por abrazar la consolidación fiscal y embridar la deuda, entre otras cosas. Debería ser un objetivo factible si se cumpliera con el rumbo fijado en los Presupuestos del PP. El problema es que habrá que hacerlo en un marco de promesas socialistas de notables subidas salariales y de ambiciosas alzas en las pensiones. El aumento del gasto público será un hecho si, como exigieron a Mariano Rajoy, disparan las partidas en Sanidad –se habla de recuperar derechos perdidos sin especificar, lo que redundará en mayor esfuerzo financiero–, Educación –más dinero para la enseñanza pública, profesores, becas, universidades–, Investigación y Ciencia –ya lo dijo el ministro Duque, hay que convertir las palabras en dinero–, Justicia –modernización de la arquitectura judicial–, Administración y empleo público –de momento cuatro nuevos ministerios– y más partidas sociales relacionadas con la Igualdad, motor de este gabinete, y que no serán gratis total. Y luego están Cataluña y el País Vasco. El Ejecutivo quiere que el diálogo sea la divisa de la acción política, pero hasta dónde y sobre qué. Los golpistas catalanes no están dispuestos a bajar el diapasón de su insurrección y promueven nuevos desafíos con la recuperación de leyes suspendidas y toda clase de gestos para ahondar en el enfrentamiento sin que exista atisbo alguno de una voluntad de volver a la normalidad institucional. El PNV se apresta a agitar el conflicto con un nuevo Estatuto contrario a la Constitución. Del Gobierno esperamos que el diálogo no se confunda con cesión y que se mantenga firme en la defensa del orden constitucional como el PSOE ha hecho hasta la fecha. Lo expresó ayer con rotundidad y acierto la ministra Margarita Robles. «Fuera de la Constitución, nada».