Ejercicio de transparencia de Casado

Si algo ha caracterizado al presidente del PP, Pablo Casado, desde que comenzara la polémica de la supuesta concesión irregular de títulos máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) ha sido su absoluta transparencia. Ha hecho en cada momento exactamente lo que se le ha solicitado y de forma escrupulosa. Apenas necesitó unas horas en abril cuando su nombre apareció vinculado al caso para comparecer ante la Prensa con una serie de documentos y explicaciones a las que desde luego no estamos acostumbrados en el actual panorama político. Fue impecable y continuó siéndolo ayer, cuando volvió a dirigirse a los medios tras conocerse que la juez de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha reclamado al Tribunal Supremo que le cite como investigado al sospechar que el título de máster que cursó en la citada Universidad pudo ser un «regalo» por su «especial relevancia política». Es más, Casado retrasó un viaje a Colombia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente con tal de cumplir con la opinión pública una vez más. Y, de nuevo, sus argumentaciones no tuvieron contestación alguna.

A estas alturas, ha quedado más que demostrado que no ha habido ilegalidad. La convalidación de asignaturas tuvo lugar según las normas y el hecho de que no asistiera a clase –un extremo reconocido por el propio Casado– fue una circunstancia pactada con los profesores y el director debido al desempeño profesional del alumno. Se trata, por tanto, de una controversia fabricada con clara intencionalidad política; el caso no tiene ningún fundamento jurídico y a buen seguro tampoco tendrá recorrido en el Tribunal Supremo. Hay que destacar que la figura de cohecho impropio, a la que alude la juez en su auto y por la que se ha imputado a tres compañeras de máster, no procede en el caso del líder popular. En el momento de la supuesta irregularidad no era más que un diputado de la Asamblea de Madrid con nula capacidad para tomar decisiones que pudieran afectar en modo alguno a la URJC. Tampoco es factible la comisión de un delito de prevaricación, dado que en todo el proceso Casado no tomó ni alentó ninguna decisión administrativa arbitraria. Así las cosas, conviene destacar que el dirigente popular no está imputado ni está siendo investigado y será el Supremo el que decida si existen o no motivos para hacerlo. En este sentido, tal y como dijo ayer Casado, los estatutos del PP tienen muy tasadas las circunstancias, materias y supuestos en los que se han de asumir responsabilidades y en este caso no se cumple ninguno.

No tiene ningún sentido que se use toda esta retahíla de despropósitos para tratar de minar al PP y relacionar a su recién designado líder con una corrupción inexistente. Casi sonrojaba escuchar ayer a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, decir que Pablo Casado no es un político digno porque no representa «ni la transparencia ni la decencia» y no forma parte de la «derecha moderna». El secretario general del PSOE y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha aclarado nunca los cambios realizados en su curriculum vitae y tampoco ha rendido cuentas por nombrar como ministro de Agricultura a Luis Planas pese a que estaba siendo investigado por un asunto relacionado con el robo de agua en Doñana. Cabe la posibilidad de que la fruición con que la oposición se ha lanzado sobre el joven político tenga más que ver con la amenaza electoral que supone Casado que con una supuesta preocupación por la regeneración del centro-derecha español al que los socialistas no pueden dar lecciones.