El Brexit ante la seguridad de la UE

La Policía del Reino Unido ha confirmado que el autor del ataque terrorista en el Parlamento de Westminster, que causó la muerte de tres personas y heridas graves a otras veinte, era un británico hijo de inmigrantes musulmanes, nacido en el condado de Kent hace 52 años y llamado Khalid Masud. Tenía antecedentes por agresión, tenencia de armas y desórdenes públicos, aunque las autoridades no le habían relacionado con grupos radicales islamistas. Su biografía es, por lo tanto, similar a la de otros asesinos yihadistas que, tras una juventud turbulenta y ligada a la delincuencia menor, acusan un proceso de «conversión» religiosa, bien en la cárcel, bien a través de las páginas de captación de las redes yihadistas. Sin duda, esta clase de terrorismo, individual y sin infraestructura, que sigue las directrices del Estado Islámico y que surge de la misma sociedad de acogida, es el más difícil de combatir para las policías europeas, puesto que exige una labor de prevención y seguimiento de posibles sospechosos que se antoja ingente. En el caso del Reino Unido, el MI-5 mantiene una lista con más de tres mil potenciales terroristas y las cifras son similares en los servicios de información de Francia, Bélgica o Alemania. En España, nuestras Fuerzas de Seguridad llevan más de una década actuando en el campo de la prevención y la investigación de los entornos radicales islamistas, desde las cárceles a las mezquitas, con más que notable eficacia, que se complementa con las líneas abiertas de colaboración con las policías de países como Marruecos, Túnez y Argelia, de donde proceden la mayoría de las comunidades musulmanas asentadas en España. Sin embargo, la realidad de que los últimos atentados islamistas sufridos en Europa responden al modelo del «lobo solitario» que actúa con medios de fortuna no debe ocultar que existen organizaciones terroristas estructuradas y bien financiadas, capaces de organizar atentados con explosivos y armas de guerra. Es de temer que a medida que estos grupos vayan perdiendo sus actuales santuarios en Irak, Siria, Libia y Afganistán intensifiquen sus ataques en suelo occidental. Eso es, al menos, lo que piden los reiterados mensajes lanzados a través de las redes sociales por los jefes del Califato. Parece evidente que la respuesta a un terrorismo de múltiples tentáculos como es el yihadista no puede ser aislada, sino coordinada entre todos los socios de la Unión Europea. Hay que insistir en que el objetivo no debe ser tanto la imposición de cortapisas a la libre circulación de personas y mercancías como el establecimiento de unas medidas eficaces de protección de las fronteras exteriores y, sobre todo, la articulación de unos servicios de policía supranacionales, que compartan archivos y fuentes de información sin restricciones y en tiempo real. Una defensa global, en suma, que debe incluir necesariamente al Reino Unido, pero que el error del Brexit no hace más que dificultar. En este sentido, la idea que parece mantener la primera ministra británica, Theresa May, de que su país puede gozar de una relación a la carta con la Unión Europea no puede estar más equivocada. Especialmente cuando de lo que se trata es de compartir información policial y de seguridad sensible que los distintos países siempre han procurado guardar celosamente. Si sólo desde un principio de unidad y de identidad común, como el que representa la UE, puede exigirse una colaboración por encima de los intereses nacionales, ampliarla a un país tercero se complica. Y, sin embargo, Londres no puede quedar aislado del resto de Europa en la lucha antiterrorista, ni Bruselas puede prescindir de la colaboración y la experiencia británicas. Habrá que buscar una fórmula, aunque no guste a todos.