El «caso Bankia» se completa

La resolución de la Audiencia Nacional que obliga al juez Fernando Andreu, instructor del «caso Bankia», a incluir en el procedimiento como investigados al ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; al que fuera su número dos, Fernando Restoy; a otros cinco directivos de la entidad y al ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, no hace más que dar la razón al ministerio público, que, por medio del fiscal de la causa, Alejandro Luzón, ya había solicitado al juez Andreu esta medida por entender que, si lo que estaba en tela de juicio era la viabilidad del grupo bancario antes de su salida a Bolsa, la lógica de los hechos obligaba a investigar a los responsables de los organismos reguladores, que, en definitiva, tenían la última palabra sobre la cuestionada operación bursátil. Como en otros casos judiciales abiertos, es importante recalcar que tanto a Fernández Ordóñez como a sus antiguos subordinados –que ayer presentaron la dimisión de sus cargos– les asiste el principio constitucional de la presunción de inocencia, más en un caso de naturaleza difusa, donde no están claras las líneas que dividen el error de apreciación profesional de la negligencia o, lo que sería mucho más grave, de la prevaricación. Sentado este principio inexcusable de que nadie puede ser considerado culpable hasta que no se demuestre lo contrario, lo es cierto es que el enorme coste que supuso para las arcas del Estado el llamado «rescate bancario» –unos 55.000 millones de euros, de los que 22.400 corresponde a Bankia–hubiera debido obligar a quienes estaban al frente de los organismos reguladores del sistema financiero español –por naturaleza independientes del poder ejecutivo– a dar extensas explicaciones sobre lo ocurrido y sobre las medidas que se tomaron o que no se pudieron tomar. Hablamos de una crisis bancaria provocada, ciertamente, por el estallido de una crisis internacional que actuó como un tsunami sobre las economías del mundo, pero que en el caso español tenía características propias y afectaba en mayor medida a las entidades de crédito de titularidad pública. Aunque, vista la decisión de la Audiencia Nacional, pueda parecer una ironía, Miguel Ángel Fernández Ordóñez tiene, por fin, la oportunidad de dar su versión de los hechos, después de cinco años de silencio. Silencio que justificó en una supuesta consigna del Gobierno de Mariano Rajoy prohibiéndole hablar. Así lo explicó en su comparecencia ante el Senado de mayo de 2012, cuando se negó a responder a las preguntas de los senadores del Grupo Popular. Después, sólo hizo algunas referencias parciales con motivo de la promoción de su libro «Economistas, Políticos y otros animales», culpando al Partido Popular del rescate bancario, porque, a su juicio, «fue un error decir la verdad a los mercados» sobre la mala situación de nuestro sistema financiero. Más allá de esta opinión –que, entre otras cosas, no tiene en cuenta la valiosa labor de saneamiento y recuperación del prestigio y la reputación de la banca española que impulsó el Gobierno–, Fernández Ordóñez podrá explicar ante la Justicia cuál fue el proceso de toma de decisiones que le llevó a autorizar la salida a Bolsa de Bankia cuando la entidad ya estaba gravemente tocada por el estallido de la «burbuja inmobiliaria». A partir de esas explicaciones, la sociedad española podrá saber si la crisis tomó por sorpresa al Banco de España y a la CNMV, dejando sin capacidad de reacción a sus responsables, o si, por el contrario, se dejó correr el tiempo a ver si la situación mejoraba sola. Sí, a los españoles se nos debe una explicación.