Opinión

El escándalo de los viernes electorales

La Razón
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A tenor de las afirmaciones de su portavoz, la ministra Isabel Celaá, pareciera que el Gobierno que preside Pedro Sánchez vive en una realidad paralela, de color rosáceo, a la que no hacen mella ni las advertencias y las consideraciones de los principales actores económicos españoles ni la evidencia de que nos hallamos ante un episodio de desaceleración de la economía europea, con Alemania emitiendo claras señales de alarma, potencialmente catastrófico a medio plazo. Ayer, coincidiendo con el enésimo «viernes social», en el que un Gabinete que se encuentra, al menos políticamente, en situación de provisionalidad, volvía a comprometer otros 1.300 millones de euros a mayor gloria de la campaña electoral socialista, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) no sólo alertaba de que los objetivos de reducción del déficit público podían incumplirse en una décima, sino que atribuía el precario éxito en la contención del gasto a que no se habían aprobado los Presupuestos Generales elaborados por el equipo gubernamental. Es decir, que aunque decreto a decreto se van desequilibrando las cuentas públicas, el impacto neto del rechazo del presupuesto es positivo. Pero la carga de profundidad contra la actuación económica del Gobierno venía acompañada de una de esas verdades de perogrullo que, sin embargo, no hacen mella alguna en el voluntarismo de la ministra Celaá. Decía, pues, la Airef que el próximo Gobierno que surja de las urnas debería plantearse una estrategia fiscal, ya sea mediante la reducción del gasto o mediante el incremento de los impuestos, pero, en ningún caso, un aumento de los gastos con una reducción de los ingresos, que es lo que nos llevó en 2008 a sufrir una de las crisis económicas y sociales más dolorosas desde 1995, en el último Gobierno de Felipe González. Este escándalo de los viernes electorales no supondría un problema mayor, puesto que seguimos bajo el brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento firmado con Bruselas, de no ser porque se corre el riesgo de que el candidato socialista, Pedro Sánchez, pueda mantenerse en La Moncloa reeditando la alianza parlamentaria de la moción de censura, con unos socios, como Bildu, Podemos o los separatistas catalanes, para quienes la estabilidad económica y social de España no se encuentra, precisamente, entre sus prioridades. Volveríamos, por lo tanto, a ese ejercicio de «fantasía fiscal», con hachazo impositivo a las empresas y clases medias, y la pretensión de un incremento, cuando menos, dudoso de los ingresos, que caracterizaban los fracasados Presupuestos Generales. Pero, como señalábamos al principio, y pese a las afirmaciones de la ministra Celaá de que la economía española se encuentra en un ciclo económico «muy favorable», supuestamente reconocido por organismos nacionales e internacionales cuya identidad no citó, la realidad es que, por primera vez en el ciclo económico, y pese al maquillaje de las cifras, se empieza a destruir empleo indefinido, los ciudadanos aplazan las decisiones de compra más importantes, se pierde competitividad y la balanza comercial ya no ejerce de motor económico con la fuerza de hace sólo dos años. La situación presenta ciertas similitudes con la ya vivida en 2008, cuando el anterior Gobierno socialista desatendió las advertencias de que se avecinaba un período de recesión. Si bien, hoy, la economías española está más saneada y el déficit público contenido, lo cierto es que la deuda nacional está disparada, cercana al 100 por cien del PIB, lo que no ocurría en la anterior crisis. De ahí, que la Airef, y no sólo, insista en que se destine el superávit obtenido con la prórroga de los Presupuestos de 2018 a la amortización de la deuda, lo que no parece que interese al Gobierno.