El espantajo de los presos

La manifestación proetarra de ayer en Bilbao, finalmente autorizada por la Audiencia Nacional, ha envalentonado al brazo político de ETA no sólo porque ha logrado su propósito inicial de hacer apología de los terroristas presos, sino también por haber arrastrado al PNV a su terreno, lo que no sucedía desde los ominosos días en que el nacionalismo vasco se avino a pactar con él en Estella. Si además se tiene en cuenta que la manifestación fue planteada como un pulso al Gobierno de la nación, cabría pensar que los batasunos han ganado la partida. Pero lo cierto es que sólo engañarán a los que estén dispuestos a ser engañados. No al Estado de Derecho. Tampoco al Gobierno de Rajoy, que ha demostrado tener las ideas muy claras y muy firmes sobre cuál debe ser la política penitenciaria. Ni la de ayer ni cualquier otra manifestación podrá torcer el cumplimiento estricto de la Ley. La banda terrorista no se ha disuelto, no ha reconocido la legitimidad institucional, no ha entregado las armas, no colabora con la Justicia en el esclarecimiento de los delitos y mantiene la licitud de sus crímenes. En estas circunstancias, al Estado no le cabe otra opción que cumplir con el deber de perseguir los delitos y proteger la libertad de los ciudadanos, utilizando todos los instrumentos que están a su alcance. Uno de ellos, de indiscutible eficacia, es la política penitenciaria que impulsaron los gobiernos del PSOE y que ha sido refrendada por los del PP. Tanto las medidas de dispersión como las que endurecieron el régimen de cumplimiento de las penas respondían a la realidad de una delincuencia organizada, con apoyo exterior y que pretendía articularse operativamente en el interior de las cárceles. Nada que no se hubiera visto ya entre las organizaciones mafiosas al uso. Por supuesto, todo bajo el estricto control de los jueces. Incluso ante el doloroso horror judicial cometido por el Tribunal de Estrasburgo, el Gobierno de España se atuvo fielmente a los compromisos contraídos por la nación. No hay, pues, razón alguna que obligue a modificar una política que ha dado resultados y mucho menos mientras la banda etarra no se disuelva definitivamente. Otra cuestión es que para las organizaciones proetarras, que han podido volver al juego político y administran algunas instituciones, los presos se hayan convertido en una fuente de graves problemas que amenaza su frágil equilibrio interno. De ahí el intento por todos los medios de arrancar al Gobierno un «indulto general» encubierto, antes de que los presos, muchos de los cuales se enfrentan a décadas de prisión, y sus familias se liberen del férreo control de la banda y opten, dentro de las posibilidades legales que les ofrece el sistema jurídico español, por mejorar sus condiciones. Lo que hace aún más incomprensible, si cabe, el seguidismo del PNV. Tantos años de recoger nueces parecen abocarlos a repetir, una vez tras otra, los mismos errores.