El Gobierno yerra con la Iglesia

La peripecia de la exhumación del cadáver de Francisco Franco no sólo pone de manifiesto la falta de previsión de un Gobierno más atento a sus propias obsesiones ideológicas que a las necesidades de los ciudadanos, sino que muestra el maniqueísmo extremo con el que muchos de sus ministros tratan a quienes mantienen posiciones ajenas. El último ejemplo de esta manera sectaria de entender la política lo tenemos en el intercambio epistolar entre la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, a costa de la actitud del prior de la abadía benedictina del Valle de los Caídos, encargado de la custodia de la tumba del dictador, que denegó el acceso a la basílica a la comisión funeraria designada por el Ejecutivo. Se indigna Calvo, como se refleja en la misiva que hoy reproduce LA RAZÓN, porque el prior argumenta en su negativa que se trata de un lugar de culto y que no existe autorización por parte de los familiares del difunto, e insiste la vicepresidenta en un error: interpretar la habitual circunspección de la diplomacia vaticana como un aval implícito a las intenciones del Gobierno. Nada más lejos de la realidad. Sin entrar en la puerilidad de la manipulación gubernamental de la respuesta de monseñor Parolin, magnificada por los servicios informativos de la Televisión pública, lo cierto es que la Secretaría de Estado de El Vaticano no ha cambiado un ápice de su, por otra parte, conocida postura. A saber, que se trata de un asunto interno del Estado español que debe ser resuelto de acuerdo al Derecho y a la Justicia españolas, una vez que la controversia es objeto de un recurso ante el Tribunal Supremo. Y afirma Roma su deseo de que, «por la concordia de la sociedad española» se pueda hallar una solución consensuadas ante un tema tan sensible. Por lo demás, y como no podía ser de otra forma, el cardenal Parolin señala que se ha recordado a la orden benedictina el deber cívico de observar plenamente el ordenamiento jurídico y de respetar a las autoridades civiles. Es decir, lo que está haciendo exactamente el prior del Valle de los Caídos, ante una actuación gubernamental que pretendía pasar por encima de la voluntad de la familia y de los acuerdos firmados con la Santa Sede, que regulan la protección jurisdiccional de los lugares de culto. Por último, y no menos importante, la vicepresidenta del Gobierno termina su misiva con una advertencia totalmente inadecuada, a nuestro juicio, sobre las posibles consecuencias de un conflicto político y jurídico con la Iglesia. Si tenemos en cuenta que ya, como primera providencia, Patrimonio Nacional ha retirado, por orden del Gobierno, la subvención anual acordada a los benedictinos para el mantenimiento de la basílica de Cuelgamuros, el tono de la carta de Carmen Calvo es, cuando menos, poco cordial y, además, demuestra la frustración de quienes pretendían, absurdamente, que fuera la propia Iglesia quien se encargará de salvar a Pedro Sánchez de su falta de previsión y de conocimiento de los procedimientos administrativos. La exhumación de la momia de Franco, utilizada como un espantajo con el que se pretendía estigmatizar a los partidos del centro derecha con la etiqueta de franquistas, debe, pues, seguir los trámites legales correspondientes, que siempre tienen en cuenta los derechos individuales. Otra cuestión es que las prisas del Gobierno socialista por utilizar el cadáver del dictador como baza electoral –dudosa baza, a tenor del escaso interés que demuestra la inmensa mayoría de los ciudadanos por el asunto– acaben por crear conflictos innecesarios y estériles para los intereses del conjunto de la Nación. Bastantes problemas ha creado Pedro Sánchez en ocho meses como para añadir otro más con El Vaticano.