El importante papel del Rey

La Razón
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El riesgo de que España caiga en un periodo de inestabilidad política a consecuencia de la inédita fragmentación del voto popular en las últimas elecciones generales no sólo preocupa a nivel doméstico, sino que comienza a provocar reacciones de cautela entre nuestros principales aliados y socios, para quienes la fortaleza y estabilidad de nuestro país constituyen factores de garantía frente a los desafíos que representan la salida de la crisis económica internacional –que aún está lejos de resolverse en la Unión Europea– y la amenaza del terrorismo yihadista, campo de batalla en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ocupan un lugar destacado por su eficacia e implicación. No debería, pues, extrañar a nadie que tanto desde Bruselas como desde Washington se hayan hecho llegar a Zarzuela votos para que Su Majestad influya en la conformación de un Gobierno de gran coalición –que integraría al PP, al PSOE y a Ciudadanos–, solución en la que coinciden con los representantes más destacados del mundo financiero y empresarial español, que, también, han hecho llegar su preocupación a la Casa Real a través de distintos medios e interlocutores. Pero sin dudar de las honradas intenciones de estas demandas, que suponen, en definitiva, reclamar una implicación más decidida de la Jefatura del Estado en la conformación del nuevo Gobierno, no es posible obviar que los «padres constitucionales» ya salieron expresamente al paso de posibles interpretaciones expansivas de las funciones encomendadas al Rey en el marco de la Constitución. Así lo explicó claramente uno de sus redactores, Óscar Alzaga Villaamil, al señalar que el artículo 56 de la Carta Magna atribuye a la Jefatura del Estado las funciones «expresamente confiadas, no tácitamente, no latentemente, no por otra vía que no sea la expresa y escrita». Es decir, el poder arbitral y regulador del Rey sobre el funcionamiento regular de las instituciones, pero en ningún caso con preeminencia sobre las prerrogativas de esas mismas instituciones. Por supuesto, esta consideración no significa devaluación alguna del papel de Su Majestad en el proceso de formación del nuevo Parlamento y, en consecuencia, de la elección del jefe de Gobierno, ya que, de hecho, es al Rey a quien corresponde proponer al candidato, en los términos previstos en la Constitución. Porque si las funciones de la Jefatura del Estado están perfectamente tasadas y la monarquía parlamentaria española, tanto en la figura del Rey Juan Carlos como en la del actual monarca, Felipe VI, ha sabido ejercerlas impecablemente, también es cierto que no es posible desdeñar el importante papel moderador que ejerce Su Majestad en la dinámica política nacional, precisamente por su calidad de máximo representante del Estado, por encima de las posiciones de partido, por muy legítimas que éstas sean. De ahí que, lejos del mero interés protocolario, una gran mayoría de los españoles y, por supuesto, toda la clase política, vayan a seguir con especial atención las audiencias que Don Felipe VI mantendrá con los representantes de los partidos electos en la Cámara a lo largo de una semana que puede ser decisiva para el futuro inmediato de España. No sólo tendrá el Rey la oportunidad de conocer de primera mano las posiciones de cada formación, sino que será el momento de trasladar a quienes tienen, en definitiva, la responsabilidad última de formar un Gobierno con el suficiente respaldo para garantizar la estabilidad de la nación, las consideraciones que considere oportunas y que, con toda seguridad, responderán al interés superior del conjunto del pueblo español. Ése es el papel del Rey en una monarquía parlamentaria moderna y garante de las libertades democráticas, como la que encarna Don Felipe VI.