El nacionalismo lastra a España

El Banco de España concluye en su último informe que la economía española ha mantenido el cuarto trimestre su ritmo de crecimiento del PIB, en torno al 0,8 por ciento, pese a la desaceleración de Cataluña, afectada por la incertidumbre política. De esta forma, en 2017 la economía habrá crecido un 3,1 por ciento, dos décimas menos que en el año anterior, pero por encima de lo esperado. Ha sido el buen comportamiento del sector exterior, que ha aumentado las exportaciones de bienes y servicios, lo que ha impedido que el menor crecimiento catalán haya acabado por arrastrar al resto de la economía nacional. En cualquier caso, se trata de una mala noticia, primero para los ciudadanos de Cataluña, que son los que van a sufrir la mayor parte del impacto, pero, también, para el conjunto de la sociedad española, que, sin el lastre del separatismo, podría haber aprovechado en mayor medida la reactivación económica registrada en los últimos meses del año. La situación adquiere tintes oscuros si tenemos en cuenta que en los trimestres precedentes la economía catalana venía registrando un crecimiento superior a la media española y daba señales muy positivas de consolidación. La caída hay que atribuirla al frenazo del gasto privado y el turismo registrado en Cataluña, pero para valorar en su conjunto cuál ha sido el impacto total de la crisis catalana hay que esperar a que se conozcan otros indicadores, como el de las inversiones de capital extranjero o la fuga de empresas –que no se ha detenido, como demuestra que más de 40 compañías con sede en Barcelona cambiaran de domicilio social o fiscal los días 21 y 22 de diciembre–, que corregirán, si duda, al alza la brecha entre el crecimiento catalán y el del resto de España. Desde el Gobierno, por medio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se dan mensajes cargados de optimismo por cuanto afirman que la aplicación del artículo 155 de la Constitución está comenzando a dar buenos resultados y que el mes de noviembre ha sido en Cataluña, en lo que se refiere al consumo interno, mucho mejor que el de octubre, aunque, de nuevo, se haya mantenido por debajo de la media española. No dudamos de la interpretación del ministro, pero sí de que los dirigentes de los partidos nacionalistas catalanes, que, en principio están llamados a dirigir de nuevo la Generalitat, sean capaces de asumir su responsabilidad para con el conjunto de la sociedad catalana y rectifiquen unos comportamientos que sólo pueden agudizar los problemas económicos del Principado. Sin seguridad jurídica ni estabilidad social, que es la percepción que tienen de la actual situación catalana inversores, empresarios y ciudadanos, es improbable que se recuperen los niveles de crecimiento y, por ende, el mercado laboral. El peor perjuicio es la falta de confianza en la institucionalidad de Cataluña que se ha instalado en el imaginario colectivo, pese a que el Gobierno de la nación, con los instrumentos del Estado a su disposición, haya conseguido restablecer la legalidad constitucional en la región sin mayores problemas. Pero, a veces, la pura realidad de los hechos no basta para disipar temores y acabar con la desconfianza. Y hay que decirlo, la actitud de los dirigentes separatistas no ayuda al retorno de la estabilidad. Sólo un nuevo Ejecutivo de la Generalitat, aunque esté compuesto y respaldado por una coalición nacionalista, que acepte el fracaso del proceso de ruptura y se muestre públicamente dispuesto a acatar las leyes que a todos nos gobiernan, podrá devolver la confianza a los ciudadanos. Bastaría con gobernar pensando en el interés común, o lo que es lo mismo, en todos los catalanes.