El papel de España en Venezuela

La situación en Venezuela es confusa. Después de la jornada en la que el líder opositor Leopoldo López fue liberado por el presidente legítimo, Juan Guaidó, y el llamamiento de éste a los militares y al conjunto del pueblo venezolano para deponer a Nicolás Maduro, ambas partes evalúan sus fuerzas y los pasos que deben emprender a partir de ahora. Hay, además, una dimensión internacional en la que también sopesan sus movimientos Estados Unidos y Rusia: puede que la rebelión de hace dos días no haya tenido el apoyo militar esperado, pero la salida de Maduro está en el punto de mira de su solución. Por encima de toda la confusión reinante, hay un hecho innegable: la situación en Venezuela es insostenible. Los hechos del día 30 son un capítulo más en la descomposición de un régimen incapaz de dar respuesta a lo fundamental de esta crisis: el carácter antidemocrático y totalitario del régimen. Nadie que esté implicado de alguna manera en este conflicto puede eludir su papel. La Unión Europea, a través de la jefa de su diplomacia, Federica Mogherini, ya habló de que debe haber «una solución política y pacífica a las múltiples crisis que sufre Venezuela». Al margen de que sólo 19 estados de la UE reconocen a Guaidó como presidente, hay países que deben desempeñar un papel que no pueden eludir. Que Leopoldo López se haya refugiado en la residencia del embajador español en Caracas no es una casualidad: responde, por un lado, a la vinculación que mantiene con España por motivos históricos, económicos y familiares; por otro lado, porque es el enlace con la UE. De momento, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha declarado públicamente que hay que evitar el peor escenario posible, el del enfrentamiento armado, a lo que nada se puede objetar. Que el Gobierno de Sánchez, que el pasado mes de febrero reconoció a Guaidó como «presidente encargado», haya acogido a López en su legación diplomática, es un hecho relevante, porque entre refugiarse en la embajada de Chile o en la española, optó por la de un país de la UE. De momento, Guaidó no ha solicitado asilo, estatuto que cambiaría su papel como líder opositor en el interior, aunque cuenta con la seguridad diplomática española en tanto que huésped. Dada la situación planteada, España se ha situado en el centro de la crisis y debe dar respuesta a ello, en defensa de los intereses nacionales y de la democracia en un país de América Latina. La nueva rebelión venezolana llega cuando Sánchez está preparando su próximo Gobierno y su socio principal, Unidas Podemos, le está pidiendo formar parte. Pablo Iglesias ha definido como un golpe de Estado el movimiento encabezado por la oposición democrática contra Maduro. El interés de intoxicar del líder izquierdista le ha llevado a revelar una supuesta confesión en privado por alguien del Gobierno que admitía que fue «un error» reconocer a Guaidó como presidente. El argumento empleado muestra su propia mentira: «Era un error reconocer a un presidente que no quiere convocar elecciones». Sin palabras. Para comprender estas declaraciones sólo hay que tener en cuenta que Iglesias es un acérrimo defensor del régimen chavista. Lo es desde los orígenes de la formación que lidera, él y todos sus dirigentes. Se inspiraron en el caduco «socialismo del siglo XXI» de Chávez para convertirse en su franquicia española, con los gastos pagados. Ni siquiera lo ocultaron. Sus fundadores fueron asesores del régimen que ha llevado a la ruina a Venezuela y al hambre a sus ciudadanos. Iglesias, ahora que ha descubierto la Constitución, debería saber cómo en la Venezuela que eligió como ejemplo se están vulnerando los más elementales derechos humanos. Lo que está viviendo este país es demasiado serio, hay demasiadas vida humanas en juego, para que un oportunista de la política interfiera en su futuro destino democrático.