El PSOE frente a la ética

Ciertamente, cuesta entender la reacción de sorpresa con que el PSOE ha acogido la detención del presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, una vez que era muy conocida su política de nombramientos de altos cargos en la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa, hasta el punto de que la oposición había solicitado en marzo la convocatoria extraordinaria y urgente del consejo de administración de la empresa en cuestión, así como los informes de cuatro contrataciones, que le fueron negados. En abril, Ciudadanos presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que, al parecer, ya estaba investigando, en un procedimiento declarado secreto, el mismo asunto. Comprendemos, eso sí, la incomodidad socialista, puesto que la figura de Jorge Rodríguez, también alcalde de Onteniente y portavoz de la Ejecutiva del PSPV-PSOE, era de las que más proyección tenían dentro del partido, como referencia de las nuevas generaciones. Sin pretender caer en el despropósito, tan generalizado en los últimos años, de despojar de la presunción de inocencia a cualquier político acusado de corrupción, lo cierto es que la detención de Rodríguez y las de los dos cogerentes de Divalterra, Agustina Brines, de Compromís, y Javier Simó, del PSPV, nos dan pie para plantear algunas reflexiones sobre el tratamiento, a nuestro juicio excesivamente sectario, que la izquierda ha dado al problema de la corrupción, utilizado desde un doble rasero clamoroso como ariete contra el Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy. Ayer mismo, cuando se conocía la noticia de las detenciones y los registros domiciliarios que llevaba a cabo la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), varios portavoces del PSOE y de sus socios valencianos de Compromís coincidían en calificar de «desproporcionado» el dispositivo policial y el consiguiente despliegue mediático, olvidando actitudes anteriores, cuando eran detenidos en similares circunstancias de publicidad y bajo las mismas condiciones de opacidad del procedimiento incriminatorio, los políticos del partido en el Gobierno. También chocan las llamadas a la prudencia y al respeto al procedimiento judicial de los mismos dirigentes socialistas que, a las primeras de cambio, exigían dimisiones ejemplares en el campo contrario. Ahora, por supuesto, el PSOE pretende aplicar su código ético –que no prevé sanciones a sus militantes y cargos públicos acusados de corrupción hasta que no se hayan sustanciado formalmente las acusaciones y fijada la vista oral–, mientras exigía la renuncia de los políticos del PP con el simple conocimiento de una denuncia judicial, muchas veces presentada por los propios socialistas. La pérdida de la alcaldía de Alicante, el espectáculo del juicio de los ERE en Andalucía, la investigación sobre la financiación ilegal del PSOE en la Comunidad Valenciana y, ayer, la detención de uno de sus prohombres en la región deberían servir de vacuna a unos partidos que han hecho de la corrupción un arma política cuando, por el contrario, se trata de un problema transversal, muy difícil de erradicar y al que se debería haber dado la batalla sin demagogias, con la colaboración sincera y leal de todas las formaciones políticas y, por supuesto, sin esa doble vara de medir, inicuamente justificada en una supuesta superioridad moral de la izquierda. Por lo demás, solamente queda esperar a las conclusiones del procedimiento judicial, con la mínima exigencia de que se culmine en los tiempos razonables que marca la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el anterior Ejecutivo popular y procurando evitar daños añadidos a quienes, hay que insistir, siempre debe acompañarles la presunción de inocencia.