El recurso de la democracia

Artur Mas deberá dar cuenta en algún momento del «proceso soberanista» de la presión asfixiante a la que está sometiendo, desde hace dos años, a la sociedad catalana. Es evidente que dejará dañada la convivencia (hasta ahora no sabíamos que los catalanes se dividían en soberanistas y unionistas), aunque las terminales nacionalistas se esfuercen con voluntarismo en presentar un país ejemplo de cohesión, unidad, disciplina y envidiable espíritu democrático. En su comparecencia de ayer, Mas volvió a demostrar el histrionismo al que está obligado a recurrir para manterse al frente de la Generalitat. Además de acusar a España de no ser una «democracia de calidad» por no aceptar la consulta independentista –o su simulacro–, anunció acciones legales por «abuso de poder y de derecho». También llegará el momento en que Mas tendrá que explicar con qué autoridad el presidente de la Generalitat, que es el mayor representante del Estado en Cataluña, puede hacer cumplir las leyes que él mismo ha desobedecido de manera reiterada y, lo que es aún peor, invitando a los ciudadanos a despreciarlas por ser leyes «españolas». Como nadie pone en duda el derecho de los catalanes a decidir su futuro –es decir, a votar para elegir sus representantes en ayuntamientos, Parlament y Cortes Generales–, el Gobierno no tiene por qué actuar con complejo a la hora de recurrir ante el Tribunal Constitucional el «proceso de participación» que, simulacro o no de consulta, mantiene el objetivo de un referéndum de autodeterminación, algo que no le corresponde organizar ni a la Generalitat, ni al Estado, ni a muchas naciones europeas de larga tradición democrática, ni aunque se lo exija una reforma constitucional. Por lo tanto, aunque la propaganda inadmisible e insultante arrojada ayer por Mas insista en presentar a España ante el mundo como un país en el que no se respetan los derechos de sus ciudadanos, prohibir la consulta encubierta, o simple fiesta participativa –esto sí, con el apoyo necesario de las instituciones políticas catalanas– es una defensa del Estado de Derecho. Y, hasta donde sabemos, ese capítulo no se negocia. Que España defienda el principio de unidad e igualdad territorial sólo invocando la Ley debe alegrarnos y hacer reflexionar a aquellos que critican que la defensa de la Constitución frente al reto independentista de Mas no es en sí una opción política. Y, por último, Mas deberá dar cuenta en algún momento del uso partidista de este proceso –con el objetivo exclusivo de conservar el Gobierno de la Generalitat– que ahora se demuestra con evidencia estar al servicio de unas elecciones anticipadas que CiU podría perder. Según un sondeo de intención de voto del CEO, ERC ganaría las elecciones autonómicas con seis puntos por encima del partido de Mas. Sólo así puede entenderse la retahíla de improperios lanzados ayer por el presidente de la Generalitat.