El Supremo debe impedir que los proetarras manipulen el senado

Los senadores de la organización proetarra Amaiur, heredera a todos los efectos prácticos de Batasuna, han puesto en marcha una burda maniobra política para mantener el aforamiento de uno de sus miembros, Iñaki Goioaga Llano, cuyo suplicatorio había sido solicitado al Tribunal Supremo el pasado 12 de junio por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Cuando muchos españoles aún retienen en la retina la humillante escena para las víctimas del terrorismo y para todas las personas de bien que supuso ver a un jefe de ETA, José Antonio Urriticoechea, «Josu Ternera», convertido en miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, baldón que quedará indeleble en la historia de la citada Cámara autonómica, ahora nos encontramos con la designación para la diputación permanente del Senado de un individuo acusado de haberse integrado de manera notable en el llamado «frente de cárceles» de la banda etarra, la organización de abogados que se encarga de meter en cintura a los terroristas presos para evitar que abandonen la disciplina de la banda y se acojan a los beneficios de nuestro sistema penitenciario. En realidad, Iñaki Goioaga, alias «Dionixio», venía acusado de delitos de integración terrorista, financiación del terrorismo, contra la Hacienda Pública, fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales, pese a lo cual fue incluido entre los senadores de designación autonómica por el Parlamento vasco, reeditando, como hemos señalado al comienzo, la provocación que los batasunos hicieron con «Josu Ternera», terrorista que hoy se encuentra en búsqueda y captura y cuyo hijo, Egoitz Urriticoechea, fue detenido ayer en París, en una operación conjunta de las policías francesa y española.

Tal vez le sea imposible al Tribunal Supremo imprimir un mayor ritmo a sus actuaciones, puesto que no dudamos de la entregada dedicación de sus miembros, pero no estaríamos en esta situación si el procedimiento judicial en su conjunto hubiera tenido la celeridad que, sin duda, merece un caso como el que nos ocupa. De hecho, la Audiencia Nacional había elevado al Supremo la «exposición razonada», solicitando la imputación del senador batasuno el día 12 de junio, y la Fiscalía del alto tribunal había remitido sus conclusiones el 2 de julio, pero el auto de admisión a trámite no se ha sustanciado hasta el 14 de septiembre. Dos largos meses, ya que agosto es inhábil a estos efectos, que hay que sumar a los dos años de instrucción.

Aunque es evidente el uso torticero de la legislación por parte de los proetarras de Amaiur, que sólo pretenden sustraer el mayor tiempo posible a la Justicia a una persona investigada por graves delitos de terrorismo, está fuera de lugar cualquier reproche político, puesto que el respeto al espíritu de la ley y a las mismas reglas de la democracia le son ajenos. Sólo entienden la estricta aplicación de la ley y ésta debe llevarse a cabo con firmeza y con la mayor celeridad posible. Porque detrás de la insistencia proetarra en llevar a las instituciones a sujetos que, de una u otra forma, estuvieron estrechamente ligados a la violencia, subyace el propósito de desvirtuar el relato cabal de lo sucedido, blanqueando la historia para convertirla en un enfrentamiento entre legitimidades iguales. Una aberración contra la que la sociedad española nunca debería bajar la guardia.