Emergencia fiscal

Es un hecho comprobado que sin las subidas de impuestos decididas por el Gobierno al comienzo de su mandato, España estaría hoy intervenida por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, con las consecuencias por todos sabidas. Cuando el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy se hizo cargo de las cuentas, los ingresos del Estado se habían desplomado en paralelo al incremento del gasto público. Sólo por el concepto del IVA, la recaudación en los dos primeros años de la crisis –2008 y 2009– había caído un tercio o, lo que es lo mismo, se perdieron 20.000 millones de euros. La misma tónica seguían el Impuesto de Sociedades y las tasas especiales. En situación de emergencia, la corrección del déficit no podía provenir exclusivamente de la reducción del gasto público –que se abordó, sobre todo, con una política de ajustes presupuestarios– y hubo que actuar sobre el IVA y el IRPF. El resultado fue bueno, como lo demuestra el hecho de que ya nadie cuestione la solvencia de España ni vaticine su rescate, pero el exceso de presión fiscal no puede mantenerse indefinidamente. Los impuestos altos generan el retraimiento del consumo, empobrecen el tejido empresarial, dificultan la creación de empleo y, en consecuencia, suponen a la larga menos ingresos para el erario público. Por el contrario, una menor presión fiscal dinamiza la economía, impulsa la iniciativa de los emprendedores y contribuye a reducir las bolsas de fraude. Es decir, en el largo plazo, como se demostró en las dos legislaturas de José María Aznar, se consiguen mayores ingresos para el Estado, principalmente porque se amplía la base de los contribuyentes. Es un análisis que no sólo comparten la mayoría de los economistas solventes, sino que estaba expreso en el programa electoral del Partido Popular. Es imperativo, por lo tanto, que el Gobierno de Mariano Rajoy lleve a cabo una política enérgica de reducción de impuestos, en la que cree, en cuanto las circunstancias de la crisis lo permitan. Para ello no hay otra fórmula que seguir profundizando en el ajuste del gasto público mediante la reforma y la racionalización de las administraciones del Estado, sobredimensionadas al calor de la fase expansiva de la economía. El dinero, en lugar de tener que emplearlo en sostener estructuras ineficaces y servicios públicos duplicados, así como en subvenciones de actividades de dudosa utilidad, debe volver a los ciudadanos para que el consumo se reactive y, con ello, vuelva a crearse empleo. Está en el programa que llevó a Mariano Rajoy a La Moncloa y no dudamos de su firme voluntad de cumplirlo en cuanto sea posible. La parte más difícil ya se ha hecho, y las perspectivas de futuro han mejorado notablemente. Toca empezar a crecer.