En interés de Cataluña

Ha trascendido que, a principios de esta semana, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, mantuvieron un encuentro en el Palacio de La Moncloa, el primero desde que Mas fue investido por segunda vez como jefe del Ejecutivo autonómico catalán. El hecho de que no se hubiera dado cuenta pública de la reunión se debe a una petición expresa de discreción por parte de Artur Mas, presionado en las últimas semanas por sus socios de ERC para que «queme etapas» en el proceso separatista. Poco se ha sabido del contenido de la reunión, salvo que se han acercado posturas sobre la manera de afrontar el saneamiento de las cuentas públicas y la reducción del déficit de las comunidades autónomas, aunque sin llegar a compromisos firmes. En cualquier caso, la reunión debe calificarse de muy positiva y demuestra la capacidad y predisposición al diálogo del presidente del Gobierno, que sabe medir muy bien los tiempos y no se deja enredar fácilmente en provocaciones, como las que han venido de los sectores más extremos del nacionalismo catalán desde que, en un error estratégico de largo alcance, el presidente de la Generalitat decidiera adelantar las elecciones autonómicas para impulsar su proceso separatista. El mal resultado obtenido en las urnas –CiU perdió doce escaños– le obligó a echarse en brazos de los izquierdistas asamblearios de ERC, en un momento económico muy grave para Cataluña. Por ello, también hay que felicitarse por el cambio de actitud de Artur Mas. Es evidente que la recuperación de Cataluña es del máximo interés para el resto de España, y viceversa. El Gobierno nunca ha negado su colaboración en este objetivo, pero está obligado a tratar con equidad a todas las comunidades autónomas y, sobre todo, no puede ceder a pretensiones que escapan al ámbito institucional del Estado o que supongan trato de favor de un territorio sobre otro. La experiencia nos dice que las cesiones ante las exigencias de los nacionalismos nunca han traído nada positivo. Sin embargo, otra cuestión muy diferente –ya advertimos que sin faltar a la equidad– es que la situación económica de algunas autonomías exija un tratamiento más flexible en los objetivos de déficit, ante unos compromisos financieros imposibles de abordar en las condiciones actuales. Ahí es donde Gobierno y Generalitat deben trabajar juntos, con lealtad institucional y con visión de Estado. Visión que compromete a todos, no sólo a Cataluña, obligada a reducir sus gastos superfluos, porque no sería justo forzar los límites de la solidaridad, produciéndose la injusticia de que algunas comunidades autónomas acaben financiando las estructuras faraónicas de otras.