Encrucijada eléctrica

La decisión de anular la subasta eléctrica que hacía prever una subida del 11% en el precio de la luz en enero por «la concurrencia de circunstancias atípicas», según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha deparado un escenario incómodo y complejo en un sector de la actividad económica clave. Se dijo en un primer momento que hubo «una clara manipulación» de la subasta eléctrica para disparar las tarifas de la luz. Estamos ante una acusación muy grave que debería estar fundada en consideraciones inobjetables. La prioridad debe ser investigar si efectivamente el procedimiento fue perturbado de forma intencionada. Estaríamos en ese caso ante un acto de carácter delictivo y, por tanto, perseguible judicialmente. Que la reacción administrativa se limitara a una declaración, es decir, fuera tan sólo retórica, resultaría insuficiente. Pero, si no aparecieran esas pruebas irrefutables sobre la presunta manipulación, entonces se habría cometido un error censurable. Habrá que esperar a la resolución de esas indagaciones que, suponemos, ya estarán en marcha, como cabe esperar de un país serio como España, en el que la seguridad jurídica y la transparencia de los procedimientos no admiten dudas. Otra variante no menor de este confuso episodio es la oportunidad que aparece para emprender una reforma profunda del sistema que fija las tarifas de la luz. Es cierto que el Gobierno ha anunciado que trabaja para cambiar un modelo de subastas que a estas alturas parece de lo más inadecuado en un mercado que pretende alimentarse de más competencia y liberalización. Otros países de nuestro entorno han encontrado fórmulas más estables y beneficiosas para los agentes afectados. El Ejecutivo tiene ejemplos muy cercanos para reemplazar un procedimiento mejorable.

España se encuentra en un momento esperanzador e ilusionante, pero no libre de riesgos y de amenazas. La recuperación impulsada por la política económica dirigida por el presidente Rajoy es un hecho, pero necesita prender y consolidarse. Que, por ejemplo, no se conozcan aún las tarifas eléctricas que afectarán no sólo a los ciudadanos, sino también a las empresas y, por tanto, a la actividad industrial, no nos beneficia. Los esfuerzos de Rajoy no pueden verse empañados por una controversia que debió ser encauzada mucho antes. Somos un país dependiente y necesitamos un flujo energético normalizado y accesible para que el rendimiento económico no se resienta. La competitividad y productividad, claves de la recuperación en marcha, dependen en buena medida de que nuestro tejido industrial no se vea convulsionado por incertidumbres estériles con la luz de por medio. Tampoco los hogares, si queremos que la necesaria demanda interna consolide su rebrote.