Es la hora de una solución de Estado

El resultado de las elecciones del pasado 10 de noviembre no llevó a engaño: el PSOE, pesé a ser el más votado, acabó siendo el partido perdedor. No consiguió el objetivo que se había propuesto: superar los 123 diputados de que disponía, bajando tres, incluso perdiendo más de 700.000 votantes. Además, la estrategia trazada desde La Moncloa fue un absoluto fracaso al no saber ver el hartazgo de la sociedad española al ser de nuevo llamada –cuatro veces en cuatro años– a las urnas. El socio principal de los socialistas –convertido en su adversario principal–, Unidas Podemos, también perdió siete escaños y los mismo electores que el PSOE. Los estrategas que rodean a Pedro Sánchez aconsejaron una operación relámpago para acallar las críticas dentro de las propias filas socialistas y, en horas, cerraron un acuerdo con Unidas Podemos que no habían conseguido en meses y se daba por muerto por campaña de insultos nunca oídos entre aliados. No hasta ahora se había visto en acción una «fake news» tan evidente: Sánchez acusa a Iglesias de ser un peligro para su gobierno –lo de que él no podría dormir en paz teniendo a Podemos en el Consejo de Ministros– y semanas después acepta, exactamente bajo las mismas condiciones, coaligarse con él. Esta futura alianza nace, además, más debilitada, con una mayor dependencia de los partidos independentistas. De forma mayoritaria, la posibilidad de que la futura investidura se lleve a cabo gracias a la abstención del ERC y EH Bildu es rechazada, según un sondeo de NC Report que publicamos hoy. Un 72,9% es contrario a esta opción, que no hay descartar, ya que el candidato socialista tendría sobre el papel 168 apoyos –sumados PSOE, UP, PNV, Más País, además de regionalistas–, frente a 169 en contra. Pero todo esto si ERC se abstuviese, lo que, de darse el caso, no será a cualquier precio. Ya lo ha puesto: mesa de partidos para la negociación con el Estado y aceptar la figura del «relator». Además de este supuesto, sería necesario que los cinco diputados del partido defensor del terrorismo etarra también permitiera con su abstención la investidura de Sánchez o, en su ausencia, la de Junts per Catalunya, el partido de Torra y Puigdemont, un verdadero peligro para la convivencia y la seguridad nacional. Si ya la posibilidad de que Iglesias sea vicepresidente del Gobierno es rechazada por un 59,4%, la de que la dirección del país esté supeditada a la hoja de ruta de los secesionistas está descartada de plano. En este sentido, los encuestados se inclinan a que el PSOE gobierne en solitario (53%), lo que obligaría a que, de entrada, el PP se abstuviera, opción que acepta un 57,4% frente al 30,5%. Los estrategas de Sánchez cerraron nada más conocerse los resultados del 10-N –que suponía un retroceso a los de abril– la posibilidad de un acuerdo con los populares. Sin duda, exigiría un alto sentido de Estado a los políticos que dirigiesen este acuerdo, pero de llevarse a cabo supondría un salto histórico en la política española. El grave contexto actual requiere de altura de miras y de centrar bien los objetivos comunes. Por un lado, está la crisis en Cataluña, que no se podrá resolver –es decir, haciendo viable el autogobierno desde el ejercicio responsable y pleno del Estatut– y recuperando la convivencia y la lealtad de la Generalitat sin la participación del PP. Mantener al margen a los populares, como desearía UP y los independentistas, en una reedición del catastrófico Pacto del Tinell sólo servirá para ahondar la crisis. Cualquier reforma de la Constitución o asegurar la estabilidad económica no puede llevarse a cabo sin el concurso del PP. Para esto es necesaria la participación de Cs, como así lo ven también los consultados –un 60,7% está a favor–, lo que aseguraría una solución de Estado ante la radicalización de la política española.