Opinión

Escarmiento contra el fraude

La Razón
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El Consejo General del Poder Judicial ha avalado la legalidad del anteproyecto de la nueva Ley General Tributaria que impulsa el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que, entre otras cuestiones, prevé la publicación en el BOE de las sentencias en materia de fraude fiscal, con los nombres y apellidos de los defraudadores, así como las circunstancias más significativas de los hechos juzgados. La obtención del aval del Consejo de los jueces, que representa un indudable triunfo para las tesis de Cristóbal Montoro, no ha sido, precisamente, fácil, hasta el punto de que su presidente, Carlos Lesmes, ha tenido que hacer uso de su voto de calidad para deshacer el empate entre los partidarios de aprobar una medida de carácter preventivo y de concienciación ciudadana, y quienes ven en la norma unos tintes ejemplarizantes, alejados de los principios garantistas que informan nuestro ordenamiento constitucional. La prueba de que no estábamos ante una cuestión que se pueda despachar por meros criterios políticos o de coyuntura electoral, sino ante la colisión de dos bienes públicos objeto de protección jurídica –la lucha contra el fraude fiscal, que perjudica al conjunto social, por un lado, y la defensa de los derechos individuales referidos al honor, la intimidad y la protección de datos, por otro–, es que la división en el Consejo no ha seguido la habitual, y poco elogiable, línea entre vocales «progresistas» y «conservadores», sino que la diferencia de criterios ha dispuesto en el mismo lado a representantes de ambas tendencias. La que ha prevalecido ancla sus argumentos en la actual jurisprudencia constitucional, muy consolidada, que contempla la veracidad y la relevancia pública de la información como razones más que suficientes para enervar la protección jurídica invocada por los perjudicados. Pero esa «veracidad» viene dada por la condición de sentencia firme de los hechos considerados, es decir, de la verdad procesal objetiva más allá de cualquier duda. Lo sucedido ayer en el CGPJ, donde profesionales del Derecho de reconocido prestigio se han debatido desde la honradez intelectual en posiciones contrapuestas igualmente legítimas, nos invita, sin embargo, a hacer una reflexión sobre la banalidad con que algunos de nuestros representantes políticos abordan cuestiones de gran calado jurídico, en las que entran en juego derechos fundamentales que es preciso proteger. Nos referimos a la insistencia, hasta ahora meramente declamatoria, del PSOE y otros grupos de la izquierda en que el Ministerio de Hacienda haga pública la lista de personas –en su mayoría funcionarios al servicio de las administraciones del Estado– que se acogieron a la regularización fiscal y son objeto de investigación. Ni es legal, ni se le puede aplicar la excepción de veracidad. Los derechos individuales están por encima del interés electoralista.