Escucha, Puigdemont

La Cataluña que los separatistas creían silenciada tomó ayer las calles del centro de Barcelona en la primera manifestación masiva ciudadana contra el proceso independentista y por la unidad de España. Fueron casi un millón de personas, que exhibieron profusamente enseñas de España, senyeras y banderas de Europa, las que gritaron alto y fuerte su condición de españoles y catalanes, demostrando al Gobierno de la Generalitat que esa parte mayoritaria de la sociedad que permanecía callada ha dicho basta ante la intentona suicida separatista y está dispuesta a hacer oír su voz por encima de todas las dificultades. Tal es así, que el inmenso mar de banderas españolas que inundó la Ciudad Condal –con el que abrieron sus noticiarios y páginas web los principales medios de comunicación europeos– no sólo supone un momento trascendental en la reciente historia catalana, sino que interpela al president Carles Puigdemont sobre el comportamiento de unos gobernantes que han despreciado e ignorado la voz de una gran parte, la mayor, sin duda, de su pueblo. Porque no nos engañemos, si la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana puede considerarse como un éxito rotundo es, precisamente, porque ha surgido de las mismas entrañas del pueblo de Cataluña, sin ayuda ni colaboración alguna de los organismos oficiales y sin más logística que la que los propios participantes consiguieran aportar. Ayer, pues, vivimos en Barcelona una movilización popular genuina, de ciudadanos libres, por encima de afinidades de partido y con la firme voluntad de reclamar la vuelta a la sensatez, que no es otra cosa que el respeto a la realidad de Cataluña, a las leyes que sostienen la democracia española y a su propia historia. Lo expresó con meridiana claridad el escritor Mario Vargas Llosa cuando advertía a Carles Puigdemont de que «se necesita mucho más que una conjura golpista para destruir lo que han construido 500 años de historia». Pero la manifestación de Barcelona, con la carga simbólica que conlleva la ruptura de la ley del silencio mafiosa impuesta desde las propias instituciones catalanas sobre quienes rechazan el separatismo, no es más que la culminación de todo un enorme movimiento social y de opinión pública que ha tomado fuerza en Cataluña ante un proceso que, en palabras del ex ministro Josep Borrell, «empuja al país al precipicio», y que ha hecho reaccionar a esa parte de la sociedad catalana que por comodidad o por no querer enfrentarse abiertamente a los que detentan el poder y lo ejercen con el más descarnado sectarismo, ha preferido mantenerse en silencio. Así, se suceden desde el 1 de octubre los manifiestos de intelectuales, profesores y artistas contra la intentona secesionista, mientras que las principales empresas con sede en el Principado han comenzado a trasladarse en masa a otros puntos de España, en una decisión que no se debe tanto a la posibilidad, de todo punto inverosímil, de una independencia de Cataluña, como a la necesidad de dar un aviso inequívoco a la Generalitat y a los promotores del movimiento separatista, también al conjunto de la sociedad catalana, de las consecuencias irreparables que tendría para su futuro tamaño disparate. Si la reacción empresarial debía haberse producido antes, como se quejó Borrell, es asunto para otra discusión, pero, de momento, ha tenido la gran virtud de poner al descubierto las mentiras del Gobierno catalán, propalando que la secesión de Cataluña sólo traería ventajas de todo tipo, por supuesto, sobre todo económicas, y ningún riesgo asociado. Asimismo, la otra «postverdad» del nacionalismo, por aceptar un término actual, asegurando que una Cataluña independiente sería reconocida por la comunidad internacional y se mantendría en la Unión Europea como socio de pleno derecho, ha sido demolida por las instituciones de la UE, desde la Comisión Europea al Parlamento, y por las principales cancillerías del mundo, que saben perfectamente de la naturaleza perversa de todos los nacionalismos y del dolor que son capaces de causar. Así las cosas, enfrentado por fin a la realidad, el president Puigdemont, que es el principal responsable del engendro, debería escuchar a quienes le advierten del grave daño que está causando a los ciudadanos de Cataluña y, por ende, de toda España, y rectificar. Escuchar a los novecientos mil catalanes que se echaron ayer a las calles de Barcelona para exigir el final de la marginación de los no nacionalistas, pero, también, para llamar al «sentido común» de sus gobernantes, obligados a poner fin a un proceso que ha sumido a los catalanes en la confrontación, la confusión, el dolor y la desesperanza. Sí, Carles Puigdemont, que parece empecinado en el error y mantiene la pretensión de declarar una fantasmal independencia, tiene que escuchar a los empresarios, a los intelectuales y a los simples ciudadanos, pero, sobre todo, a la mera razón. Su intentona golpista está condenada al fracaso y sólo puede traer más daño y frustración a una Cataluña que empieza a reaccionar y que demuestra que no quiere seguirle en su camino al precipicio.