España carece de política migratoria

No está de más felicitarse por el retorno de la actividad parlamentaria en nuestro país, por mucho que la sesión de ayer nos dejara con la sensación de que el motivo de la convocatoria, la gestión gubernamental de la crisis migratoria provocada por el buque Open Arms, quedaba en un segundo plano, con los principales portavoces parlamentarios, especialmente los de la izquierda, más pendientes de no dar un paso en falso que terminara con las últimas posibilidades de llegar a un acuerdo de investidura. No era, por supuesto, fácil sustraerse al discurso generalista sobre la cuestión de la inmigración irregular en Europa, donde las posiciones ideológicas cuentan ya menos que el coste en votos, por más que la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, en una intervención de altura parlamentaria, pusiera el dedo en la llaga de un electoralismo populista, común a la izquierda y a la extrema derecha, que pasa por encima del sufrimiento de las personas, pero, ciertamente, ninguna de las incógnitas de una operación incomprensible tuvo respuesta, y no será porque la popular y la representante de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no plantearan las debidas preguntas. Sí, ninguna de las cuestiones de una peripecia que ha supuesto un insólito encontronazo dialéctico entre el armador y el capitán de un buque de bandera española con toda una vicepresidenta del Gobierno, por más que se hallara en funciones, amén de un enfrentamiento diplomático con Italia, también trufado de invectivas ministeriales, para acabar con el despliegue de un barco de guerra, enviado a aguas territoriales italianas, quedaron resueltas en la sesión parlamentaria de ayer. Sin duda, de haber forzado Unidas Podemos la comparecencia del jefe del Gabinete en funciones, Pedro Sánchez, tampoco se hubiera profundizado en un caso que, lejos de representar un hecho aislado, marca una tendencia preocupante, pero, al menos, sabríamos si el Gobierno, en realidad, tiene alguna estrategia general sobre el problema migratorio, más allá de reaccionar a la lectura de los periódicos. Y, así, no ha quedado aclarado en qué condiciones está obligado a obedecer las órdenes del Gobierno de la nación un barco de bandera española ni cuáles son las razones administrativas y jurídicas que permitieron a la vicepresidenta Calvo amenazar con una multa de 900.000 euros a la ONG en cuestión ni, por supuesto, que consecuencias puede esperar a partir de ahora un armador español que incumple flagrantemente y con publicidad una prohibición expresa del Ministerio de Fomento, que es el organismo del que depende la marina mercante. Cuestiones, todas ellas, que escapan a la mera gestión del episodio de Lampedusa e implican el respeto debido a una legislación que obliga a todos. Tampoco aclaró el Gobierno ni el baile de puertos nacionales ofertados ni la razones que llevaron a enviar el buque «Audaz» a una misión de «ferry», como si la Armada no tuviera otras misiones más importantes, ni sabemos si el ruido de fondo del enfrentamiento verbal entre la vicepresidenta Calvo y la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el titular de Interior italiano, Matteo Salvini, dejó sorda y muda a nuestra diplomacia, que tiene una cierta pericia, pero que, al parecer, fue incapaz de advertir del cambio de situación que la Fiscalía latina iba a dar al asunto. Con todo, lo peor es que en la comparecencia flotó sobre el hemiciclo la sensación de que el Gobierno socialista actuará en estos casos, que seguirán presentándose, de acuerdo al efecto que tengan sobre la opinión pública y desde el mero cálculo electoral. Con un agravante: que cuando las mafias se recomponga del bloqueo de las costas de Marruecos, no habrá un Salvini al que culpar.