España rechaza la turismofobia

No nos representan. El sector turístico español, el Gobierno y los cientos de miles de personas que viven de lo que para España se trata de la primera industria han reaccionado. Nadie está dispuesto a que una minoría violenta y sectaria, pero minoría al fin y al cabo, dinamite una de las industrias clave de nuestra economía y pieza fundamental en el soporte de nuestro Estado de Bienestar. El ataque de unos encapuchados de un grupo cercano a la CUP –con el silencio cómplice de Podemos–, a un bus turístico en Barcelona la pasada semana, al que siguió días después la actuación de esta formación –Arran– contra unas bicicletas de alquiler en Poblenou, ha alterado las vacaciones del Gobierno municipal de Ada Colau. Hasta ahora, al igual que ha sucedido en Palma tras el ataque a un restaurante, sólo han tenido una respuesta comedida a sus abusos. Su postura, la de los representantes institucionales de esa izquierda conciliadora con sus «gamberradas», no tiene el respaldo ni la compresión de la inmensa mayoría de la población española. Como hoy publica LA RAZÓN, en una encuesta de NC Report, más del 81% de los españoles critica estos ataques, orgullosos como están –en un 85%– de la fuerza y creación de riqueza de nuestro sector turístico. Y no es para menos; el Foro Económico Mundial ha situado, por segundo año, a España el primero entre 136 países gracias a la seguridad, las infraestructuras y su patrimonio cultural. Y nuestra primera industria vuelve a superarse a sí misma. Hasta 36,3 millones de turistas extranjeros eligieron España como destino en el primer semestre de este año, un 11,6% más que en 2016, según la encuesta de Frontur que elabora el INE. Frente a países como los árabes, con problemas de terrorismo yihadista, España aparece como un valor seguro. O al menos lo era hasta ahora. Hasta el momento en que los radicales e independentistas catalanes han puesto el punto de mira en el turismo. En su acoso y derribo, en su deseo que destruir una fuente de riqueza y empleo. En su envite han tenido el apoyo de aquéllos que, en el pasado, ya desarrollaron una feroz campaña contra el País Vasco como destino turístico. Ni unos ni otros quieren visitas. Ni mezclarse. Ellos están por el aislamiento y la aldea. Su empeño, con todo, va contracorriente. En un mundo que cambia, que utiliza las nuevas tecnologías como herramientas para poner en marcha nuevas formas de viajar, o que ha permitido a clases sociales que tradicionalmente no podían disfrutar del ocio y las vacaciones acceder a ellas, no es de recibo la violencia y el desprecio «al de fuera». Creen tener el apoyo de esos mismos «ayuntamientos del cambio» que, desde su llegada al poder municipal, han rechazado licencias hoteleras y cerrado negocios, terrazas y restaurantes. En ese caldo de cultivo han crecido. Y nuestros competidores lo saben. Y están atentos. Las primeras noticias de esos ataques han tenido un gran eco en la prensa extranjera. Son mucho los intereses de terceros países que están en juego. La encuesta de LA RAZÓN también apunta a la opinión, mayoritaria entre los españoles, de una necesaria regulación de cierto tipo de turismo. Ese de borrachera en zonas de playa o la urgente regulación de los pisos turísticos. Urge una reglamentación en profundidad para evitar los «parques temáticos» en las ciudades y la expulsión de los vecinos, además de los comercios tradicionales. Se debe construir una respuesta cívica y política a un fenómeno especulativo con una total impronta económica. Trabajar por la convivencia y dejar sin argumentos a los radicales que pescan en la desesperación de algunos ante los nuevos fenómenos de la globalización. Y el turismo es una de ellas.