ETA es aún una amenaza

La banda etarra sigue manteniendo la consideración de amenaza grave en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional aprobada ayer por el Consejo de Ministros. Se trata de una medida lógica ante el hecho de que el grupo terrorista no se ha disuelto ni ha entregado las armas. Aunque, técnicamente, ETA puede darse por derrotada, gracias a la presión conjunta de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Justicia, la colaboración internacional y la firme defensa de la democracia y la libertad sostenida por el conjunto de la sociedad española, no puede descartarse ningún escenario de futuro, entre los que se encuentran el retorno a la violencia o una nueva escisión interna impulsada por los delincuentes más fanatizados. De hecho, el Gobierno maneja informaciones de absoluta fiabilidad que revelan que los grupos de reclutamiento etarra siguen operativos. También en el exterior, como en Francia y Estados Unidos –país que acaba de actualizar su catálogo de amenazas–, los servicios de inteligencia incluyen a ETA entre los grupos terroristas activos. Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al dar cuenta de las líneas maestras del documento, quiso reforzar el mensaje: el Estado va a seguir en la misma línea, sin atender a más consideración que no sea conseguir la disolución total de la banda. El otro gran asunto que plantea la nueva Estrategia de Seguridad, elaborada con el acuerdo del principal partido de la oposición, es que las posibles amenazas para España dejan de dividirse en «internas» y «externas», para ser analizadas globalmente, lo que se corresponde con el alto nivel de interdependencia que han adquirido los conflictos. De ahí que se haya decidido la creación de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional en el que no sólo estarán representados los ministerios e instituciones tradicionales –Interior, Defensa, Asuntos Exteriores y el CNI–, sino que incorpora a los ministros de Hacienda, Fomento, Industria y Economía, en consonancia con las doce principales amenazas contra la seguridad de España identificadas por los expertos, y que van desde los conflictos armados y el terrorismo global hasta las ciberamenazas y el crimen organizado, pasando por la inestabilidad económica y financiera, la vulnerabilidad energética y los flujos migratorios irregulares. Pero este esfuerzo de coordinación, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al frente, quedaría cojo si no se articulan mecanismos eficaces de colaboración entre las distintas administraciones públicas, dada la dispersión de las funciones y competencias que existen en España. El proyecto de ley debe hacer hincapié en este aspecto, puesto que para responder a unas amenazas combinadas es preciso integrar los recursos.