Europa cambia el rumbo

La entrada de Francia en recesión y las perspectivas de un agravamiento de la delicada situación económica de Holanda –con el riesgo cierto de un estallido de su mercado inmobiliario– han terminado por romper, al menos parcialmente, las posiciones de los socios más ricos de la Unión Europea, enrocados en una política de ajustes sin respiro, sin tener en cuenta la evolución de la economía y sin valorar el esfuerzo realizado por los países más responsables, empezando por España. No se trataba, por supuesto, de seguir incrementado el déficit público sin tasa, en una «barra libre» tan cara a la extrema izquierda española, sino de combinar la imprescindible austeridad con políticas de estímulo razonables y reformas de fondo en la estructura financiera del euro. Sin pecar de chauvinismo, ésa ha sido la terapia demandada por el Gobierno de Mariano Rajoy, sin perjuicio de que nuestro país haya cumplido con creces las exigencias impuestas desde Berlín para reducir el déficit público. Pero una vez recuperada la credibilidad internacional y demostrada la voluntad de saneamiento de nuestras cuentas, España estaba revestida de autoridad para reclamar a Bruselas un cambio en un rumbo que la realidad ha demostrado equivocado. Ayer, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo político que, si no responde a todas las demandas planteadas por los países más golpeados por la crisis y por la asimetría financiera en la regulación de la moneda única, sí es muestra de esa mayor amplitud de miras que se reclamaba. El acuerdo, que debe ser refrendado por los jefes de Estado y de Gobierno, permitirá que los fondos presupuestados en el Marco Financiero Multianual (2014-2020) para la lucha contra el desempleo juvenil puedan concentrarse en los dos primeros ejercicios, con lo que los países más efectados por el problema, con España a la cabeza, pueden llevar a cabo planes de choque en el corto plazo. Asimismo, se autoriza al Banco Europeo de Inversiones para que rompa el círculo vicioso que impide el acceso al crédito en condiciones razonables a las pequeñas y medianas empresas, con un montante a evaluar de entre 50.000 y 110.000 millones de euros hasta 2020, que favorecería a más de medio millón de pymes europeas. Quedan algunos flecos por discutir, como la petición española de que las ayudas para combatir el desempleo de los jóvenes no computen en el déficit, pero, sobre todo, falta que se aborde el gran desafío político y económico de la zona euro: una unión bancaria efectiva, sin la que el euro no podrá garantizar su estabilidad, y la creación de un supervisor fiscal. Son dos reformas imprescindibles, ya aprobadas, y cuyo retraso en implementarlas sólo se justifica en la existencia de ciertos intereses nacionales, como los de Alemania, que se financia con mucha ventaja.