Europa o independencia

Bruselas ha dejado claro que si Cataluña se independiza de España tendría que abandonar la Unión Europea. Fue la portavoz de la Comisión Europea, Pia Ahrenkilde, la encargada de transmitirlo a los medios de comunicación; sus palabras no dejaban margen para la duda o las interpretaciones jurídicas: «Si un territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado porque se convierte en un nuevo territorio independiente, los Tratados ya no se le aplican». De esta manera, Bruselas se ha pronunciado sobre un tema que cada vez le inquietaba más, sobre todo por la deriva emprendida en los últimos meses por el Gobierno de Cataluña, que parecía vivir al margen de cualquier tratado europeo, y después de que Lituania y Letonia hicieran el amago de reconocer un futuro Estado catalán, aunque en el caso de la primera hubo una rectificación, después de las gestiones del de Asuntos Exteriores. De hecho, la Comisión no suele pronunciarse sobre este tipo de conflictos a no ser que lo pida el propio estado afectado, y el Gobierno español no lo había solicitado. Esta iniciativa aclara uno de los embrollos jurídicos en los que se había instalado la «diplomacia» de Artur Mas, y es que la independencia no afectaría en nada a su continuidad en la UE. El comunicado de la portavoz comunitaria se produjo después de que el vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, dijese sobre el futuro de Cataluña en la UE que «la parte segregada no es miembro de la Unión Europea». No es la primera vez que Almunia ha expresado esta opinión, aunque los dirigentes nacionalistas catalanes nunca la han tenido en cuenta, instalados como están en un limbo jurídico y aduciendo que por encima de cualquier norma legal está la «voluntad popular», pero ayer, aprovechando una visita a Barcelona, Almunia quiso dejarlo claro. Recordar que cualquier nuevo Estado europeo –el hipotético Estado catalán– «que respete los principios que se establecen en el artículo 2 del Tratado de la UE puede pedir formar parte de nuestra Unión» es especialmente doloroso, porque este supuesto requeriría la unanimidad de los miembros de la UE, incluido el voto a favor de España. Un trámite con el que ningún gobierno de la nación quisiera encontrarse ya que estamos hablando de una parte de España. Mas debería tener en cuenta la posición de la UE y lo que dice el artículo 52 del Tratado de la Unión: que hasta en el supuesto de que se reformase la Constitución española para celebrar un referéndum que llevase a la independencia, el nuevo Estado saliente no formaría parte de la UE. Saber que ese camino también está cerrado y anuciar, como se hizo ayer, que el llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir es «inclusivo», tanto para los que voten a favor como en contra, no hace más que sumarse a esta gran ceremonia de la confusión, ya que se oculta un hecho fundamental: ese futuro Estado estaría fuera de Europa, con todo lo que quiere decir y sobra recordar.