Freno constitucional a Mas

El Tribunal Constitucional ha hablado: anula por unanimidad la declaración soberanista acordada por el Parlament de Cataluña. Se invalida de esta manera la base legal sobre la que se sustenta el proceso separatista y que fue aprobada el 23 de enero de 2013. Dicho acuerdo defendía el «derecho a decidir», ya que Cataluña «tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano». La sentencia del TC es taxativa, pues el supuesto «derecho a decidir» va en contra del artículo 1 y 1.2 de la Constitución, en el que se especifica que la «soberanía nacional reside en el pueblo español», y además de los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía, que dicen que los poderes de Cataluña se ejercen conforme a la Constitución. Por otra parte, reconocer la «cualidad de soberano» al pueblo de Cataluña resulta incompatible con el artículo 2 de la Constitución. En este apartado es especialmente claro, ya que se le atribuye la cualidad de «poder quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara como su propio fundamento»: «La indisoluble unidad de la Nación española». El resto de la declaración del Parlament se mantiene, pero siempre que se ajuste a la interpretación del Constitucional y sólo cuando se entienda como una «aspiración política». En este sentido, el TC recoge en su sentencia que «en el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación». Ésta es la sentencia del TC y a través de ella habla el orden constitucional, del que emana el autogobierno de Cataluña. A ella, por lo tanto, se debe ceñir la Generalitat. Las primeras reacciones de CiU es mejor no tenerlas en cuenta por su debilidad intelectual y, sobre todo, por ser antijurídicas. Valorar esta sentencia calificando al tribunal como «órgano político» o «agitadores de la catalanofobia» cuando se ha dictado por unanimidad es despachar el problema al que se enfrenta con un exabrupto de unos políticos que no están a la altura de las circunstancias ni de la dignidad de los catalanes. Mas se halla en un oscuro laberinto y debería actuar con cautela y responsabilidad. El próximo 8 de abril se debate en el Congreso la petición de competencias para celebrar un referéndum de autodeterminación –anulado a su vez por la sentencia del TC–, pero Mas ha preferido delegar en dos consejeros de segundo nivel la defensa ante la soberanía nacional de la separación de Cataluña del resto de España. O tiene miedo al debate claro y directo sin la retórica identitaria o está reconociendo que su proyecto secesionista no tiene salida. Su huida hacia adelante está llegando a su fin. Podrá seguir invocando que el TC no tiene legitimidad para ir contra la voluntad de Cataluña, pero sabe que es situarse en la ilegalidad.