Griñán sólo gana tiempo

El hasta ahora presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que ayer confirmó oficialmente su renuncia y proclamó a su sucesora, Susana Díaz, ha negado que la investigación judicial de los ERE fraudulentos esté detrás de su decisión. El problema es que Griñán ha sido incapaz de explicar de una manera convincente el trasfondo de una decisión de un calado político que no afecta exclusivamente a la comunidad andaluza, sino que golpea de lleno al partido socialista, en un momento de indefinición y tensiones internas que a nadie se le escapan. Al aducir unas razones de carácter personal y familiar que, a continuación, no ha querido explicitar, abre la puerta a todo tipo de especulaciones. Más aún, cuando el proceso sucesorio, en la más pura tradición de los aparatos priístas, se ha llevado a cabo con una pauta milimétrica que no sólo dejaba poco espacio a la confrontación interna, sino que se ha cuidado especialmente de que ninguna alternativa pudiera siquiera inquietar a la persona elegida por la dirección del partido. En menos de un mes, Andalucía, y los militantes del PSA, se han encontrado con que su nueva presidenta, extraída del funcionariado del partido, no ha tenido que pasar el examen de las urnas, ni la de los ciudadanos, ni la de las primarias. Un guión que, por perfecto que haya sido el resultado pretendido, deja en el aire la sospecha de la urgencia. Hoy, como publica LA RAZÓN, declara ante la juez Mercedes Alaya uno de los testigos clave, también imputado, en todo el turbio asunto del desvío de los fondos públicos destinados a aliviar el drama social del paro, que incide con especial crudeza en Andalucía. Se trata del ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, quien va a ratificar ante la juez todo lo que ha venido declarando en relación a este caso y que, en resumen, se refiere a la pasividad de los responsables del Gobierno autónomo andaluz ante sus reiteradas denuncias de las irregularidades, y al hecho de que fue el propio José Antonio Griñán, cuando desempeñaba el cargo de consejero de Economía y Hacienda –entre 2004 y 2009– quien engordó sospechosamente las partidas destinadas a los ERE. Si se confirma que Griñán, que también es el presidente del PSOE, pretende ocupar un escaño de senador por el tercio autonómico, le será muy difícil ahuyentar las sospechas de que pretende cubrirse legalmente de una más que probable imputación. Como miembro del Senado de España, Griñán tiene derecho al aforamiento. Es decir, su caso pasaría al Tribunal Supremo que, como es lógico, comenzaría el estudio de la causa, larga y compleja, desde el principio. Algo que, por lo menos, le hará ganar años. El resto de las razones aducidas, desde las personales a la necesidad de un cambio generacional, simplemente, no se sostienen.