Hay que parar a Maduro ya

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Hace ya demasiado tiempo que las democracias occidentales contemplan sin hacer más que aspavientos la tragedia cotidiana del pueblo de Venezuela. Demasiado tiempo que las imágenes de los jóvenes, algunos casi niños, que mueren tiroteados por las fuerzas del régimen ocupan las primeras páginas de los periódicos sin despertar más que el consabido coro de condenas y lamentos de unos gobiernos incomprensiblemente reacios a tomar las únicas medidas que pudieran ser eficaces para detener las matanzas y que son las que conducen al aislamiento político y económico del régimen venezolano. Ya no cabe engañarse puesto que solo hay dos salidas posibles para Venezuela: la consolidación de una dictadura socialista a imagen del castrismo o el derrocamiento del Gobierno bolivariano. La opción democrática ha sido cercenada por Nicolás Maduro con la convocatoria de una asamblea constituyente que anula de hecho la representación universal del voto, sustituida por un modelo «sectorial» cerrado al conjunto de la población. Desde la aplastante derrota sufrida por el chavismo en las elecciones legislativas de 2015, el Gobierno de Caracas ha actuado a despecho de sus propias leyes y normas constitucionales para impedir que el pueblo venezolano pudiera volver a expresarse a través de la urnas. Con excusas inicuas, pero siempre avaladas por un Tribunal Supremo conformado a imagen y semejanza del poder político, el Gobierno de Maduro ha suspendido las elecciones a gobernadores regionales, que debían haberse celebrado en 2016; las elecciones municipales, previstas para este año, y, con la convocatoria constituyente, parece que tampoco podrán disputarse los comicios presidenciales de 2018. El régimen, consciente del masivo rechazo popular, está forzando los plazos para que el 30 de julio próximo sean elegidos los 545 delegados de una nueva asamblea, que ya no será representativa. Todos los intentos de la oposición de impedir por las vías legales el desmantelamiento del actual sistema constitucional venezolano se han estrellado contra los tribunales chavistas y contra el Consejo Electoral Nacional, también copado por los partidarios de Maduro. Las escasas voces disidentes dentro del chavismo, como la de la fiscal general del Estado, Luisa Ortega Díaz, que ha interpuesto varios recursos jurídicos, tampoco han conseguido torcer la voluntad del régimen. Disuelta arbitrariamente la Asamblea Nacional, encarcelados o procesados los principales líderes políticos demócratas, cegadas las vías de diálogo, la oposición no ha tenido más opción que la de lanzarse a la calle y mantener la protesta pública en demanda de nuevas elecciones. El coste de la represión es terrible, con más de 75 muertos y un millar de heridos, según fuentes de la propia Fiscalía venezolana. Pero es dudoso que Nicolás Maduro vaya a ceder a la mera presión popular una vez que cuenta con el apoyo de una cúpula militar enriquecida con el saqueo del dinero público y que administra los principales ministerios económicos. Una cúpula que, como el resto de los dirigentes del chavismo, tendría que hacer frente a la Justicia de su país e, incluso, a los tribunales internacionales, por sus responsabilidades en la quiebra de la economía venezolana y en la destrucción del sistema productivo. Sólo, pues, una decidida intervención internacional en favor de la democracia de Venezuela puede impedir que el país, que ya es de facto una dictadura, se convierta en un trasunto de Cuba. Pero el tiempo se agota, mientras los jóvenes pierden la vida reclamando libertad.