Opinión

Hernando, es su ética

La Razón
La RazónLa Razón

El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, no parece haber comprendido el fondo ético de su excursión empresarial panameña, que viene documentando LA RAZÓN desde el pasado lunes, día 11. Al menos, ésa es la impresión que puede sacar cualquier observador imparcial tras su dramatizada intervención pública de ayer, pródiga en declaraciones de principios y en explicaciones de aspectos de su vida privada y trayectoria política que ni venían a cuento ni nadie le había pedido. Ciertamente, el estado de su cuenta corriente, las hipotecas que tiene concedidas, su situación familiar o sus protestas de valor, entendemos que moral, en nada atañen al núcleo del problema en el que se encuentra el diputado socialista. Los hechos –tal y como los ha publicado LA RAZÓN sin que hayan sido desmentidos en lo más mínimo por el interesado– son claros: Antonio Hernando ha simultaneado su actividad como parlamentario, por la que cobra el sueldo que le corrresponde por escaño, una asignación como vicepresidente de comisión y el complemento que perciben los diputados madrileños – un total de 4.730 euros mensuales, para ser exactos–, con la preparación de un proyecto empresarial de asesoría de estrategia política al Partido Revolucionario Democrático de Panamá. Un proyecto bien perfilado, a través de una empresa privada ya establecida, y en el que venían especificados los emolumentos a percibir por cada uno de los participantes –entre los que se nombraba a los ex ministros socialistas José Bono y José Blanco–, los gastos complementarios de materiales, transporte y alquileres y la inversión publicitaria. Con la circunstancia añadida, nada leve, de que todo el proceso de negociación con el cliente coincide con frecuentes viajes a Panamá del diputado Hernando, viajes de carácter familiar –según su versión, que en ningún momento hemos puesto en duda–, pero que le alejaban de su puesto de trabajo como servidor público. En definitiva, una labor empresarial, dentro del sector de la asesoría política, compatibilizada con su escaño en el Congreso de los Diputados, legal, por supuesto, en cuanto a que no está sujeta a ninguna de las prevenciones del reglamento de la Cámara respecto a las incompatibilidades de sus señorías. Pero el problema que el portavoz socialista no quiere ver estriba en la falta de coherencia entre lo que exige a los demás, desde el punto de vista de una ética pública muy rigurosa –que debe estar por encima, incluso, de lo que establecen las leyes que los españoles nos hemos dado–, y su comportamiento, similar en casi todos los aspectos, al de otros políticos a los que ha denunciado desde una pretendida superioridad moral. No es la Ley lo que ha incumplido. No. Es su propia ética, tan exigente, al menos, para los demás.