Imposible «plan b» de Puigdemont

La tragicomedia en que se ha convertido la política catalana está a punto –o no– de escribir otro capítulo. Aunque éste podría ser más bien calificado de bufo. Desde hace meses, y ante la deriva separatista de Carles Puigdemont y los suyos, incluidos aquí a pesar de algunos, los ultramontanos de la CUP, se ha especualdo con la posibilidad de que el president convoque, para el 1 de octubre, unas elecciones autonómicas. La clase política deshoja la margarita ajena a un devenir de acontecimientos a cada cual más chusco. Es lo que tiene dejarse arrastar por la «rauxa», el arrebato. De eso saben mucho sus socios de la CUP, los mismos que últimamente asaltan autobuses o llevan sus «protestas» a las mesas de los restaurantes para lanzar los platos al aire. Ahora, cuando ya los ciudadanos han acumulado en sus retinas demasiadas puestas en escena de que «el pueblo de Cataluña votará»... con alcaldes, en distintas estancias del Palacio de la Generalitat o en el Parlament, la insistencia del Govern y de los partidos que lo sostienen en que el próximo 1 de octubre habrá urnas para que los ciudadanos puedan votar, tras la prohibición efectiva del Tribunal Constitucional de la celebración del referéndum, ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de unas elecciones anticipadas. En este sentido, Carles Puigdemont podría echar mano de un plan para dar cabida a su referéndum independentista. Pero va a contrarreloj. El tiempo se le acaba. Este martes, mañana, expira la posibilidad de poder convocar elecciones anticipadas en Cataluña. Negro sobre blanco, el Estatut plasma que han de quedar 54 días antes de los comicios. Al amparo de unas elecciones autonómicas, Puigdemont no tendría ningún obstáculo para acceder al censo electoral, dispondría de presupuesto, urnas e interventores. Ahora sí, la ley estaría de su lado pero sólo en la medida en que la convocatoria fuera para elegir un nuevo Parlament. Una nueva Cámara que –y en esto hay todo tipo de rumores– podría perder su mayoría absoluta CUP mediante. Puigdemont encontraría así una manera de salvar los muebles ante los suyos, aquellos que compraron su fantasía soberanista y que, desde hace más de año y medio, acumulan frustración tras frustración mientras ven descarrilar el tren con el que salió de la estación independentista Artur Mas en 2012. Sería una salida a los varapalos acumulados en estos años: de la Unión Europea, de las agencias de calificación, de Estados Unidos, de una masa crítica independentista que flaquea y disminuye... Una salida, en definitiva, a la quiebra de Convergència, la actual PDeCAT, que tras los escándalos de corrupción del «caso Palau» y el «3 por ciento», entre otros, ha asistido sin capacidad de reacción al «sorpasso» de ERC, un partido que hace años era quinta fuerza política en el Principado. El posible «plan B» de Puigdemont, el juego de trilero que significaría poner urnas para votar en una elecciones autonómicas al lado de otras de un referéndum ilegal, crearía un grave problema de legalidad. Los presidentes de mesa, los interventores, deberían estar a lo que están: a cumplir con la Ley. Precisamente por ello, los resultados electorales podrían también ser impugnados. El para algunos «plan B» de Puigdemont sería como un tiro en el pie para el futuro del partido del president. Superado por ERC y perdida la mayoría absoluta en el Parlament ante la irrupción de la formación de Ada Colau, que atomizaría el voto de izquierda nacionalista, el «procès» tendría las horas contadas. Así las cosas, mejor concentrarse en un pulso con el Estado que permita al nacionalismo seguir explotando su más preciada carta: el victimismo.