Impostura secesionista en el Supremo

Carles Puigdemont formuló ayer la consigna a todos sus colaboradores encarcelados que tenían cita en el Tribunal Supremo: «Haced lo que haga falta para salir de la cárcel». Artur Mas remató minutos después en esa línea con su respaldo a «cualquier argumento de defensa» para recuperar la libertad. El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los siete exconsejeros catalanes y los líderes de ANC y Òmniun Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, cumplieron con el trámite en los términos planteados por su antiguo jefe desde Bruselas en su declaración ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena imputados por rebelión, sedición y malversación. Todos ellos solicitaron comparecer en cuanto el instructor acumuló las causas investigadas en la Audiencia Nacional con la esperanza de que cambiara su situación de prisión provisional y corrieran la suerte de Carme Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament. Su planteamiento en origen pasaba por protagonizar una segunda tanda de acatamientos de todo lo que les pusieran por delante, es decir el 155 de la Constitución, amén de la renuncia a la vía unilateral para lograr la independencia y la apelación subsiguiente al pacto. El juez Llarena interpretó en el caso de Forcadell y de sus compañeros que asumieron la legalidad y se sometieron a ella, lo que, a su juicio, fue suficiente para evitar la cárcel antes de una eventual sentencia firme. Sin embargo, los testimonios de ayer resultaron a la postre poco concluyentes y, por supuesto, menos convincentes, por más que las palabras de Forcadell en el Supremo también nos parecieran dudosas como fruto de un intento desesperado de no acabar en la cárcel. Con todo, los políticos separatistas presos intentaron mantener el guión original, pero marcado por las vaguedades, los dobles sentidos y la impostura, más allá de que se constataron diferencias en las estrategias de defensa de los exconsejeros de ERC y de los del PDeCAT e incluso con matices en los dos grupos. Para empezar ni Oriol Junqueras ni Raül Romeva respondieron a la Fiscalía y el resto de los exconsejeros republicanos lo hicieron sólo a cuestiones puntuales. En el bando de los antiguos convergentes sí lo hicieron con una colaboración desigual. Esa falta de implicación con el Ministerio Público y, por tanto, con la Justicia, no favorece la sinceridad de sus compromisos. Más todavía si le sumamos que no hubo una renuncia expresa al logro de los propósitos golpistas y que su particular sometimiento a la Constitución lo fue en su condición de norma flexible e interpretable. Su apelación a los cauces democráticos y al diálogo tampoco pareció franco visto los antecedentes de lo que entendieron por democracia y diálogo en el pasado «procés». No puede sorprender, por tanto, que la Fiscalía no interpretara lo que vio y escuchó como un giro suficiente en la actitud de los investigados y que optara por pedir que continúen en prisión al persistir el riesgo de fuga y de reiteración delictiva «ante la gravedad de los hechos investigados».El juez Llarena decidirá el lunes y puede entender que hay razones suficientes para no prolongar una medida excepcional como la prisión preventiva que no prejuzga el desenlace del proceso en el que están inmersos los exconsejeros por delitos gravísimos. Nuestro respeto a las decisiones judiciales no excluye, sino todo lo contrario, que entendamos que los peligros expuestos por el Ministerio Público no son fruto de su imaginación ni una baza forzada. No podemos olvidar ni relativizar que quienes permanecen en prisión o fugados en Bélgica fueron responsables ejecutivos de un plan que supuso un ataque directo a nuestra democracia, y que, si no acabó con nuestras libertades, no fue por la voluntad de los golpistas, sino por la fuerza de nuestro de Estado de Derecho.