Injustos descuentos de penas

Ll Pleno de la la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene mañana una importante decisión que tomar: marcar la doctrina a seguir sobre si los etarras que cumplen condena en España pueden descontarse el tiempo de prisión cumplido en cárceles francesas. No es una decisión cualquiera o puramente técnica, porque va a afectar a una cincuentena de miembros de ETA acusados de graves delitos de sangre y, sobre todo, puede volver a dejar en evidencia la indefensión en la que quedan las víctimas. Hay que partir del hecho de que la mayoría de los condenados tiene refundidas sus penas a 30 años, y que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tumbó la «doctrina Parot», con lo que, de hecho, las penas no son cumplidas íntegramente. Si a la media de tiempo pasado en la cárcel, que se sitúa en unos 23 años, se le resta el cumplido en centros penitenciarios franceses, en su mayoría por condenas de asociación de malhechores, con penas de entre tres y cuatro años, supondría la puesta en libertad inmediata de cerca de cincuenta terroristas, sin tener en cuenta que en nuestro país están cumpliendo penas por asesinato. Estamos hablando de terroristas como Rafael Caride Simón, responsable del atentado de Hipercor, en el que murieron 21 personas, o Francisco Múgica Garmendia, número uno de la banda en esos años sangrientos. Además, a estos etarras no les afecta la reforma del Código Penal de 2003, que marca en 40 años el máximo de la condena, ya que sus sentencias fueron dictadas antes de esta fecha. Por este motivo la decisión del TS es de gran trascendencia. Ya ha habido un caso doloroso con la puesta en libertad del histórico Satiago Arróspide Sarasola, «Santi Potros», liberado el pasado día 4 tras cumplir 27 años por orden de la Sección Primera de la Audiencia Nacional en interpretación de una normativa europea. El TS tendrá mañana que dilucidar cómo se aplica la «decisión marco» de la Unión Europea de 2008 sobre reconocimiento de condenas dictadas por tribunales de otros países. La decisión adoptada acerca de si acumular las condenas dictadas en Francia sentará doctrina sobre esta cuestión y podrá aplicarse a otros casos. El Gobierno, a través de su ministro de Justicia, Rafael Catalá, confía en que el TS se reafirme en la legislación española, que garantiza que no se lleven a cabo descuentos de condenas impuestas en otros países de la UE. Las asociaciones de víctimas del terrorismo han calificado de «precipitada» la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que puso en liberad a «asesinos terroristas no arrepentidos», y piden que «se tenga en cuenta la humillación, la indignación y el dolor que esta decisión está provocando». Las decisiones de la Justicia son independientes, pero en un caso en el que el TS está claramente dividido como en éste, la decisión debe ser meditada.