Justicia para Aguirre y Cifuentes

Más munición –antigua–, para el debate político. Para el cuerpo a cuerpo. Y no será de altura. La oposición socialista y de Podemos ha recibido con alborozo la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de imputar a las ex presidentas del PP de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, por el conocido como «caso Púnica». Se investigan «hechos concernientes al desvío de fondos para pagos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid». El juez acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción, quien solicitaba que se citara a declarar a ambas. En concreto, afectaría, presuntamente, a las campañas municipales autonómicas de 2007 y 2011 y en las generales de 2008. Nada cabe objetar al normal funcionamiento de la Justicia. Absoluto respeto a las decisiones de los magistrados. Algo en lo que el Partido Popular de Pablo Casado se reafirmó antes de conocerse la decisión del magistrado y ayer, de inmediato, tras saberse su decisión. Un respeto que va de la mano de la presunción de inocencia que ampara a toda persona en nuestro país. El PP expresó ayer, en un comunicado, su acatamiento de las decisiones judiciales tras conocerse la imputación en el «caso Púnica» de las ex presidentas de la Comunidad de Madrid y del partido en esta región, pero apeló también, como no podía ser de otra manera, a la presunción de inocencia. Uno de los informes en los que se ha basado Anticorrupción para solicitar esas declaraciones es el realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde se cifraba en casi cinco millones el dinero negro que habría pagado el PP madrileño para hacer frente a gastos electorales del partido en la región en distintos comicios. Unos acontecimientos lejanos en el tiempo que será necesario desentrañar y depurar responsabilidades si es que fuera el caso. Las de Esperanza Aguirre, militante de base ahora en el partido, entre ellas. Manteniendo siempre la igualdad ante la Ley que, como no podía ser de otra forma, también la ampara a ella. Algo que debería traducirse en un respetuoso silencio al proceso judicial por parte de una oposición ávida de escándalos mientras espera, por ejemplo en el caso del PSOE, la sentencia de los ERE que asolaron Andalucía en los gobiernos de Chaves y Griñán. Una actitud de acoso y derribo al PP a la que se ha sumado, asimismo, el «socio» de Pablo Casado, la formación naranja. Ciudadanos agita el espantajo de la corrupción para arañar votos. El discurso del partido de Albert Rivera es demasiado manido ante lo que se avecina: un juicio en el que se depurarán responsabilidades por supuesta corrupción. Es demasiado pronto para sentenciar. Ayer, ante el nuevo curso político que se avecina, con el país abierto en canal con un Gobierno en funciones que es incapaz de llegar a acuerdos con su socio «natural», la perspectiva de unas elecciones generales se abre paso. Un panorama nuevo en el que el PP no puede perder el tren de la gobernabilidad de la Nación. Al igual que hizo Pablo Casado, marcando distancias con el viejo partido, construyendo una alternativa diferente a las fórmulas pasadas, de la misma manera los populares deben subrayar su apuesta por un tiempo nuevo descolgado de un pasado al que muchos miran con recelo. Una apuesta de gobierno que como en el caso de la Comunidad de Madrid se ha sabido construir con sangre nueva y lejos de la puntería mediática de quienes hacen un totum revolutum con todo el PP. De la misma manera, ese mismo criterio de observancia y respeto se ha de tener con el juicio en marcha con Aguirre y Cifuentes. No les corresponde hablar a los políticos. Toca a los jueces.