La defensa de la dictadura de Venezuela retrata a Podemos

Nada tendríamos que alegar a la defensa cerrada que ha hecho Juan Carlos Monedero, fundador y ex dirigente de Podemos, de la inicua sentencia que condena al opositor venezolano Leopoldo López a la pena de 13 años, nueve meses y siete días de prisión, si no fuera porque este profesor universitario español, obligado prematuramente a dejar la política activa por sus oscuras actividades económicas, se ha permitido el desahogo de comparar a un demócrata injustamente encarcelado por la dictadura de hecho de Nicolás Maduro con la actividad de los terroristas de Eta y el terrible daño causado a la sociedad española. En efecto, Juan Carlos Monedero tiene todo el derecho a ejercitar la defensa del Gobierno socialista de Venezuela, con el que ha colaborado estrechamente a cambio de una millonaria financiación para sus actividades públicas en España; a tildar de fascista a todo el que no piense como él, e, incluso, a promover los mil veces fracasados modelos económicos y sociales de la llamada izquierda anticapitalista, pero en ningún caso le asiste el derecho a falsear groseramente la realidad. Monedero, que repite punto por punto el guión inculpatorio escrito por el Gobierno de Nicolás Maduro, afirma que Leopoldo López, el líder del movimiento venezolano Voluntad Popular, fue el impulsor de un golpe de Estado callejero –mediante la organización de una «kale borroka» al estilo etarra– que causó decenas de muertos en Venezuela y daños calculados en millones de dólares. Y equipara el sistema judicial bolivariano con el español, como ya hiciera la dirigente de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, obviando las resoluciones del comité de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, las de la comisión de derechos humanos de la OEA e, incluso, las denuncias de Amnistía Internacional y HRW sobre la falta de independencia del Poder Judicial venezolano y su instrumentalización por parte del Gobierno de Maduro. Sostiene Monedero contra toda evidencia que las movilizaciones de protesta que se sucedieron en el país caribeño durante el mes de febrero de 2014 pretendían desconocer los resultados de las urnas –que habían dado la victoria a Nicolás Maduro el año anterior por el estrecho margen de un punto– y que la violencia fue ejercida por los opositores. Un simple repaso a la hemeroteca basta para desmontar una argumentación basada en la vieja táctica de todos los tiranos de explicar sus propios fracasos en la maldad intrínseca de unos fantasmagóricos enemigos. La cronología de aquellos días explica perfectamente lo ocurrido y cómo un Gobierno populista como el de Maduro, en un acto de absoluta irresponsabilidad, no tuvo mejor idea que convocar una contramanifestación oficialista para contrarrestar las protestas estudiantiles por la inseguridad ciuidadana, la inflación y los ataques a la libertad de expresión. En la violencia desatada en las ciudades de San Cristóbal, Mérida y, luego, Caracas, fueron determinantes las bandas parapoliciales chavistas, los «motorizados», que dispararon a sangre fría contra manifestantes desarmados. Tal vez, la única virtud de todo este asunto es que la defensa de un régimen como el de Venezuela, que ha sumido al país en la miseria, retrata a Podemos y al resto de la izquierda radical ante la sociedad española y pone de manifiesto lo que se puede esperar de las viejas recetas socialistas.