La demagogia siempre tiene precio

El Banco de España advierte en su informe trimestral sobre la evolución de la economía española de que se está produciendo un encarecimiento del tipo de interés medio aplicado a los nuevos préstamos hipotecarios, que estaría en torno al 2,4 por ciento, es decir, 30 puntos básicos, fenómeno que no se registra en ningún país de la eurozona y que tampoco tiene correlato con otras operaciones de préstamo, como los créditos al consumo. A falta de nuevos datos, el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos, apunta a que este encarecimiento podría estar relacionado con los cambios legislativos impulsados por el Gobierno socialista en la legislación hipotecaria, que, entre otras cuestiones, hace que los bancos corran con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, reduce los intereses de demora y de amortización anticipada de los crédito y extiende en el tiempo la protección frente al desahucio de los clientes morosos. Pese a las protestas de la banca española, que niega la mayor y atribuye lo ocurrido al aumento de las hipotecas a interés fijo, el informe del regulador no hace más que confirmar lo que cualquier lego en la materia podía pronosticar: que las entidades de crédito, muy golpeadas por la política monetaria del Banco Central Europeo, que mantiene los tipos prácticamente en cero, no sólo iban a trasladar al consumidor el incremento de los costes impuestos por el Gobierno, sino, como también se está produciendo, a endurecer las condiciones y las garantías exigidas para la concesión de una hipoteca. Que esta situación se produzca, además, cuando se desacelera la creación de empleo y aumenta la demanda en el mercado inmobiliario, con costes prohibitivos para los trabajadores más jóvenes o con menores ingresos, debería llamar a la reflexión ciudadana sobre los efectos del populismo en el la vida pública. Como señalamos en su momento desde estas mismas páginas, era imposible no reparar en el oportunismo político, demagogo en el exacto sentido del término, que suponía corregir desde el Ejecutivo la resolución del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Que la decisión judicial hubiera venido envuelta en una trifulca de magistrados poco edificante para los ciudadanos no exime lo más mínimo al Gabinete de Pedro Sánchez, que fue el que tomó la decisión, de sus consecuencias. Sin duda, la misma confusión creada por los jueces del Supremo, que sólo ayudaba a consolidar la percepción popular de que la banca siempre gana y daba pábulo a las teorías conspiratorias más variopintas, era una tentación irresistible para que un Gobierno en precario, como era el caso en noviembre de 2018, no aprovechara la oportunidad de presentarse ante la opinión pública como el valladar contra los malvados banqueros. Y ello, en un país donde la presión impositiva sobre el mercado inmobiliario es de las más altas de nuestro entorno. En España, los gravámenes para una operación media hipotecaria suponen un coste añadido de 2.800 euros, frente a los 500 de Italia o los 250 de Francia. En Reino Unido, Alemania y los Países Bajos, por citar tres ejemplos próximos, no se paga nada. Y que sepamos, no es «la malvada banca» la que decide la política fiscal. Pero ese debate sobre las cargas impositivas que acosan a quien pretende adquirir una vivienda –que es la gran y, muchas veces, única inversión de toda una vida–, carece de la vistosidad que precisa el político populista, siempre a la búsqueda de un cabeza de turco que pague la cuenta. Con un riesgo añadido: que mientras «paguen los banqueros», se abre la veda para que la izquierda incremente la presión fiscal. La realidad, sin embargo, es tozuda y el Banco de España no ha hecho más que describir los primeros efectos de una mala decisión.