La farsa del desarme de ETA

El simple hecho de que se pretenda equiparar a una democracia avanzada como es España, que cuenta con un Poder Judicial independiente y que goza del conjunto de leyes más exigente en el respeto de las libertades públicas y los derechos humanos, con una banda terrorista bastaría para descalificar cualquier actuación de ese «grupo de verificadores» que, a tenor de su discurso, parece no haberse enterado de nada de lo que ha sucedido en este país en los últimos treinta años. Pero si es disculpable la ignorancia, por no entrar en juicio de intenciones, en unos personajes que se prestan a dar cobertura a la propaganda de los asesinos, esa benevolencia no puede concederse a los representantes de los partidos democráticos vascos –con la honrosa excepción de PP y UPyD– que se han prestado a la farsa del «sellado parcial de armas» montada por ETA y, mucho menos, al jefe del Gobierno autonómico del País Vasco, Íñigo Urkullu, que no puede llamarse a engaño sobre la naturaleza del terrorismo etarra. Ni siquiera puede justificarse en una declaración institucional que tilda de insuficiente el golpe teatrero de ETA, porque el error está, precisamente, en prestar un aire de institucionalidad a esta farsa innoble. Si el fin del PNV fuera salvar la cara a los terroristas, colaborando en la pretensión indigna de reescribir la historia, actos como el de ayer serían, desde luego, de lo más socorrido. Pero la historia es la que es, y los intentos de mixtificar unos hechos aberrantes, en los que perecieron con la vileza de los homicidas casi un millar de inocentes, están condenados al fracaso mientras los demócratas españoles se mantengan firmes y unidos frente a esa otra forma de terrorismo moral como es la manipulación de la memoria común y el menoscabo de la dignidad de las víctimas. En España, como dijo ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no necesitamos mediadores ni extraños que verifiquen el desarme de ETA, cuando éste se produzca. En nuestro Estado de Derecho, de esos asuntos se encargan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los tribunales de Justicia. Aquí no hay dos bandas terroristas como en Irlanda del Norte –el IRA y los paramilitares unionistas– que se tengan que desarmar acompasadamente. Aquí hay una banda organizada de asesinos que ha sido derrotada policialmente y a cuyos miembros sólo les cabe afrontar las graves responsabilidades contraídas con la sociedad, con la Justicia y, sobre todo, con sus víctimas. La única vía que deben seguir, y no nos cansaremos de repetirlo, porque el compromiso con la verdad y la democracia así nos lo demanda, es la disolución de su entramado terrorista, la rendición completa de las armas y la colaboración con las autoridades en el esclarecimiento de todos sus asesinatos. Es la Ley y deben cumplirla.