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La Fiscalía no está para «destensar»

Tiempo de lectura 4 min.

13 de julio de 2018. 22:47h

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13/7/2018

Los distintos portavoces del separatismo catalán, tanto los oficiales, como Elsa Artadi, consellera de Presidencia de la Generalitat, como los oficiosos, han dado un nuevo impulso a su campaña de la «distensión» con el Gobierno de Pedro Sánchez, eufemismo, en este caso, de desistimiento, con el objetivo de que la Fiscalía General del Estado, ahora bajo la dirección de una fiscal progresista, María José Segarra, cambie de criterio y retire la acusación por el delito de rebelión que pesa sobre los procesados por la intentona golpista del pasado otoño. Si bien el actual Ejecutivo socialista estaría legitimado para tratar de distender en el plano institucional las relaciones con el actual Gobierno autonómico catalán, ensayo al que no cabe atribuir buenas perspectivas de éxito, otra cosa muy diferente es forzar al Ministerio Público a cambiar de apreciación por razones políticas.

La mera jerarquía reconocida en el estatuto fiscal no puede obviar la independencia y la unidad de actuación de quienes representan la defensa del principio de legalidad, que es una de las bases constitucionales. Nada tenemos contra la distensión, por más que se trate del último artefacto lingüístico inventado por los nacionalistas, pero consideramos que la Fiscalía no está para secundar ese tipo de ejercicios voluntaristas. Todo lo contrario, sería conveniente que la nueva fiscal general enviara un mensaje claro a la sociedad de que la persecución de los graves delitos cometidos en Cataluña contra la Constitución y contra su propio Estatuto de autonomía no va a quedar solamente en manos de la acusación popular. En este sentido, es de esperar que la Fiscalía actúe con la mayor celeridad si, como parece, la Cámara catalana, apoyada en la mayoría independentista, se niega a cumplimentar la resolución del juez Pablo Llarena por la que suspende de sus funciones a los diputados acusados del delito de rebelión, y que ayer fue notificada oficialmente al presidente del Parlament, Roger Torrent. Esta medida, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, afecta tanto a los cinco parlamentarios autonómicos que están en prisión preventiva –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez– como al ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pese a que se encuentra fugado de la Justicia, y no debería estar sujeta a interpretación alternativa alguna, que es lo que pretende Roger Torrent con su consulta a los letrados de la Cámara.

A nadie se le escapa que la nueva estrategia de los partidos separatistas se centra en trasladar a la opinión pública la idea de que el cambio de gobierno supone un nuevo tiempo político y que, por lo tanto, deberían quedar periclitados los procesos judiciales abiertos por el «procés», como si el Poder Ejecutivo pudiera interrumpir a su capricho el trabajo de los jueces. En este objetivo hay que incluir los reiterados esfuerzos de los consejeros de la Generalitat de traer a colación la situación procesal cada vez que se entrevistan con un miembro del Gobierno socialista. Pero si ya el mero traslado a cárceles de Cataluña de los diferentes procesados por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se ha intentado vender por los nacionalistas como un primer fruto de la «distensión», cualquier cambio en la postura de la Fiscalía tendría como consecuencia el refuerzo de la permanente cantinela de que nos hallamos ante un procedimiento judicial condicionado por razones políticas y, por lo tanto, alejado de los estándares democráticos que rigen en la Unión Europea. Nadie está en contra de negociar con la Generalitat todo aquello que contribuya a la normalización democrática de Cataluña y a la restauración del principio de legalidad. Pero el proceso judicial tiene sus propios cauces.

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