La incoherencia del PSOE

Corresponde, como es obvio, a la candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la tarea de conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para su investidura y para hacer posible la gobernabilidad de la comunidad andaluza. Lo que no sería aceptable es una nueva convocatoria electoral, que paralizaría la gestión de los asuntos públicos, cuando los ciudadanos acaban de expresarse en las urnas. La responsabilidad es, pues, de quién convocó unas elecciones anticipadas sin contar con la opinión de sus socios en el Gobierno y por un mero cálculo estratégico, que se ha revelado erróneo. Pero si son comprensibles las dificultades a las que se enfrenta Susana Díaz para conseguir ser investida, no lo es, en absoluto, que trate de transferir esa responsabilidad al resto de las formaciones del arco parlamentario y, mucho menos, que se preste a un ejercicios de incoherencia política Hablamos del pacto contra la corrupción que la candidata socialista ha presentado a bombo y platillo en el debate de investidura; pacto que, en principio, responde a una de las condiciones impuestas por Ciudadanos para facilitarle, con su abstención, el camino a la presidencia, y que, en su conjunto –pero, también, en la literalidad de algunas de las medidas propuestas– , es pasmosamente igual al «acuerdo global para la regeneración democrática» que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados y que, tras meses de negociaciones con los socialistas, que sólo sirvieron para retrasar el proceso, fue rechazado por Pedro Sánchez, en una decisión que, por lo visto ayer en Andalucía, no tenía otras razones que las del sectarismo. No sólo está ya en vigor la mayoría de las medidas contra la corrupción planteadas por Susana Díaz, sino que, en muchos casos, son más rigurosas y completas que las que promete hacer aprobar por el Parlamento de Andalucía. Se encuentran contenidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo y, también, por supuesto, en la Ley Orgánica de Control de la Actividad Financiera, que incluye la tipificación del delito de financiación ilegal de partidos y sindicatos. Todas ellas, repetimos, fueron rechazadas por el PSOE. Estas exhibiciones de partidismo primario, unidas a la agresividad que viene exhibiendo la dirección socialista, a la hora de fomentar en toda España «cordones sanitarios» y pactos frentistas contra los populares, no invitan, precisamente, a la colaboración política que demandan los ciudadanos de Andalucía para afrontar sus graves problemas.