La irresponsable inmersión balear

La experiencia demuestra que la inmersión lingüística acaba siendo contraproducente para la lengua que se quiere apoyar. Sobre todo cuando supone desfavorecer el uso de otra que no es precisamente minoritaria. La lengua «oficial», la usada por todos los estamentos de poder –político, económico, cultural y élites sociales–, acaba convirtiéndose en la expresión sólo de una parte de la sociedad. El argumento de que la inmersión favorece la cohesión es puramente político –es decir, se trata de tomar conciencia de que el catalán y ninguna otra lengua es la propia de Cataluña o de Baleares–, pero ningún indicador aceptado por sociolingüistas avala esta tesis. Cuando los defensores del monolingüismo dicen que en un sistema de inmersión en catalán los resultados son mejores en los alumnos que tienen el catalán como lengua materna puede que estén en lo cierto, pero lo que nunca dicen es que esto es así porque es aceptado que el estudio en la lengua materna ayuda al aprendizaje. Es decir, los alumnos que estudian en catalán pero en el ámbito familiar hablan castellano están desfavorecidos. También la experiencia indica que las políticas de uso obligatorio de una lengua, en este caso del catalán, acaban aplicando medidas coercitivas: en Cataluña se hizo con la rotulación obligatoria de comercios. Baleares sigue los mismos pasos, incluso dando una vuelta de tuerca aún más radical. No de otra manera puede entenderse que el gobierno socialista de Francina Armengol –con apoyo de Podemos y los nacionalistas– obligue a los médicos a saber catalán para ejercer y optar a traslados. Esta medida cuenta con el rechazo de la mayoría de la comunidad sanitaria, que considera que va en contra de la igualdad para el acceso laboral. Este «decretazo» sitúa el conocimiento del catalán como un requisito, sin tener en cuenta el artículo 4.1 del Estatuto de Autonomía balerar que deja claramente expresado que la lengua catalana es «propia» de las Islas Baleares «junto con la castellana» y ambas son oficiales. Legalmente no tendrá mucho recorrido, pero de entrada ha conseguido introducir un elemento de discordia, que no es el último en la política lingüística emprendida por el gobierno socialista balear. A la espera de una nueva ley educativa, los padres no podrán escolarizar a sus hijos en castellano, norma que, además, será blindada. Hay más medidas que se están poniendo en marcha bajo el mismo espíritu de romper con el bilingüismo –como que se libren de participar en concurso público aquellas empresas que lo hagan en catalán– y el trilingüismo –incluyendo otra lengua internacional– que quiso poner en marcha el anterior gobierno del PP. Y, por supuesto, acabando con la Ley de Normalización Lingüística de 1986 que impulsó el primer gobierno popular y que establecía que al menos un 50% se impartiese en catalán. Si la decisión de Armengol tiene que ver con sus equilibrios de poder y condiciones de los nacionalistas, sus medidas son doblemente injustas e irresponsables, porque introducen un elemento de discordia en una sociedad que, además, tiene una gran movilidad laboral provocada por ser una potencia turística. En definitiva, se trata de un error inmenso que abona un conflicto puramente identitario. Si los defensores de la inmersión lingüística argumentan que su aplicación es la clave de la cohesión social, ahora vuelve a ponerse encima de la mesa su carácter conflictivo. Después de todo, el monolingüismo estricto es una anomalía cuando existen dos lenguas oficiales, algo sobre lo que los expertos han llamado la atención. Entrar en una guerra de lenguas es un retroceso.