La izquierda utiliza el congreso para su propaganda electoral

La prolongación de la interinidad del Poder Ejecutivo, por más que no tenga precedentes en la reciente democracia española, está produciendo algunas disfunciones en la vida política que, desde luego, no dejan en buen lugar a la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso, más afanados en crear espacios para la propaganda que en conformar una mayoría sólida de gobierno, como si otearan el inevitable adelanto electoral. Sólo así se explica el frenesí legislador de unos diputados que lanzan al aire leyes, proposiciones y derogaciones sin más utilidad que la de mantener la presión sobre el Partido Popular, visualizando un gran frente cuya única argamasa es el rechazo sin matices ni análisis de todo lo que representan el centro derecha y la labor legislativa de la última legislatura. Prueba de lo que decimos es el espectáculo de una Cámara que ayer mismo, a través de sus diversas comisiones o en plenos, ha tratado asuntos tan dispares y de consecuencias cuando menos complejas como la concesión de la nacionalidad española a los saharauis, la reducción de las tasas judiciales a las ONG, el embargo en la venta de armas a Arabia Saudí, la anulación de ascenso en el Cuerpo Nacional de Policía, la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, la supresión de la prisión permanente revisable y las derogación de las leyes de Educación y de Seguridad Ciudadana. Un absurdo político que, sin duda, atrae titulares de Prensa pero sin otra virtualidad que la de un brindis al sol. Y ello por varias razones que cualquier persona que se dedique a la política debería atender para no sembrar la confusión entre unos ciudadanos que, como demuestran los sondeos del CIS, cada vez están más perplejos y preocupados ante lo que está ocurriendo. Porque, en primer lugar, es muy dudoso jurídicamente que un Gobierno en funciones pueda tramitar leyes orgánicas ordinarias o proposiciones legislativas que no están claramente inclusas en las excepciones que prevé el reglamento, dado que, en las circunstancias actuales, el Ejecutivo tiene suspendidas las delegaciones legislativas otorgadas por el Parlamento. Es decir, que sólo puede actuar en asuntos de trámite ordinarios –bajo la supervisión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo– o en caso de tener que declarar el estado de alarma, excepción o sitio, con la autorización del Congreso. También si hubiera que aplicar el artículo 155 de la Constitución –en el supuesto de que una comunidad autónoma se salga del marco legal– estaría bajo la competencia del Senado. Pero es que, además, junto a estas limitaciones jurisdiccionales nos encontramos con otros condicionantes de pura lógica política, como es la pretensión absurda de que el Gobierno en funciones tire por tierra toda su obra legislativa y la sustituya por la que derogó. Aunque eso fuera posible, legalmente el Ejecutivo puede hacer decaer las propuestas del Parlamento durante treinta días, tiempo que se sumaría a los dos meses de trámite del Senado –con mayoría absoluta popular–, situándonos ya en los plazos de la constitución de un nuevo Gobierno o en la disolución de las actuales Cortes y la correspondiente convocatoria electoral. En definitiva, que ese frenesí legislativo al que nos referíamos al principio no es más que el reflejo de un Parlamento que se considera a sí mismo efímero y que sólo sirve como caja de resonancia de la propaganda.